Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña (España), anunció un expediente sancionador contra el Arzobispado de Barcelona por la Misa del domingo en la Sagrada Familia en recuerdo de las víctimas del COVID-19, a pesar de las medidas sanitarias tomadas en la iglesia para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
El domingo 26 el Cardenal Juan José Omella celebró la Misa con unos 500 fieles que mantuvieron la distancia social. La Generalitat quiso que en la celebración solo participaran diez personas a pesar que el templo tiene capacidad para 9.000 y que horas antes las mismas autoridades permitieron que 1.200 turistas pasaran por la iglesia.
El lunes 27 Torra dijo que corresponde al Departament de Salut abrir el expediente sancionador al Arzobispado de Barcelona. "Todos somos iguales. Si el PROCICAT y el Govern toman medidas pensando en la salud de las personas, todos tenemos que cumplirlas", dijo el presidente de la Generalitat. "Lamento que se hiciera ayer esa ceremonia porque no estaba autorizada por el PROCICAT. Se ha incumplido la normativa", añadió.
Ante los últimos rebrotes de COVID-19, el PROCICAT, es decir, el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña incluyó el 17 de julio una serie de limitaciones y restricciones en el área de Barcelona, entre las que se incluía, por sorpresa, la prohibición de hacer reuniones de más de 10 personas tanto en el ámbito público como en el privado. Lo que afecta también a celebraciones religiosas y por lo tanto también al aforo de este funeral.
El día 21 de julio el Arzobispado pidió que se mantuvieran las medidas previstas antes de esas limitaciones, ya que en un primer momento la Misa en la Sagrada Familia sí había recibido el visto bueno de la Generalitat y acordaron diversas medidas de seguridad.
Sin embargo, la Generalitat no respondió a esa petición del Arzobispado hasta el pasado viernes 24 de julio a última hora, tan sólo dos días antes de la celebración de este funeral, lo que les dejaba sin la posibilidad de recurrir la decisión.