El Arzobispado de Barcelona celebró en la Sagrada Familia la Misa por los fallecidos durante la pandemia con unos 500 fieles, y denunció las medidas discriminatorias que el gobierno de Cataluña quiso aplicar a la celebración religiosa al querer restringir la asistencia a solo diez personas, cuando horas antes había permitido el paso por la basílica a más de 1.200 turistas.
Ante los últimos rebrotes de COVID-19, el PROCICAT, es decir, el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña incluyó el pasado 17 de julio una serie de limitaciones y restricciones en el área de Barcelona, entre las que se incluía, por sorpresa, la prohibición de hacer reuniones de más de 10 personas tanto en el ámbito público como en el privado. Lo que afecta también a celebraciones religiosas y por lo tanto también al aforo de este funeral.
El día 21 de julio el Arzobispado pidió que se mantuvieran las medidas previstas antes de esas limitaciones, ya que en un primer momento esta Misa en la Sagrada Familia sí había recibido el visto bueno de la Generalitat y acordaron diversas medidas de seguridad.
Sin embargo, la Generalitat no respondió a esa petición del Arzobispado hasta el pasado viernes 24 de julio a última hora, tan sólo dos días antes de la celebración de este funeral, lo que les dejaba sin la posibilidad de recurrir la decisión.
Ante esta situación, el Arzobispado de Barcelona decidió seguir adelante con la celebración de la Misa tal y como tenían previsto y siguiendo estrictas medidas de seguridad.