Veinticuatro fiscales generales estatales se unieron a una demanda contra la Administración Trump, para intentar derogar una nueva norma que protege el derecho de los trabajadores de la salud a oponerse a realizar abortos o cirugías de "cambio de sexo".
Estados como Nueva York, California, Massachusetts, Washington, Michigan y Pensilvania se unieron a la demanda presentada el 20 de julio ante el tribunal distrital estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, que busca derogar la norma que protege el derecho de los trabajadores de salud a oponerse a cirugías de "reasignación de género" y abortos.
"Nunca es aceptable negar la atención médica a los estadounidenses que la necesitan, pero es especialmente atroz hacerlo en medio de una pandemia", dijo a The Wall Street Journal, Letitia James, fiscal general de Nueva York y que dirige la demanda.
El 12 de junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) promulgó una norma para proteger el derecho de los médicos a oponerse al aborto y a las operaciones de reasignación de sexo, en la que aclara que las prohibiciones por discriminación basada en el sexo no incluyen la identidad de género o el aborto.
El HHS señaló que su última disposición elimina partes de una regulación de 2016 que había expandido inapropiadamente la definición de discriminación sexual.
En el momento del anuncio, el comité provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), dirigido por el Arzobispo de Kansas, Mons. Joseph Naumann, emitió una declaración en la que "aplaudió" los cambios propuestos y expresó que los obispos estaban "agradecidos" de que la Administración diera este "importante" paso.