La National Review Board, comisión de laicos encargada de asesorar a los obispos de Estados Unidos sobre la prevención de abusos sexuales a menores, pidió una mayor acción para combatir esta problemática y que se evite caer en la complacencia o tolerancia excesiva.
Este pedido se dio luego de que la Secretaría de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos para la Protección de los Niños y los Jóvenes publicó esta semana el 17° Informe Anual sobre abuso sexual en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.
"Sabemos que muchos obispos actuales se han enfrentado seriamente al abuso sexual clerical, lo que se confirma en el Informe Anual. Sin embargo, el Informe también evidencia áreas que necesitan mejoras y que requerirán un esfuerzo continuo para abordar este problema con un liderazgo valiente, así como la apertura a la corresponsabilidad de los laicos para responder a esta crisis siempre presente", dijo Francesco C. Cesareo, presidente de la National Review Board (o Junta Nacional de Revisión).
Asimismo, advirtió que incluso las fallas reducidas pueden presentar un problema significativo para la Iglesia en los Estados Unidos y que la Junta está pidiendo una auditoría más profunda y actualizaciones de la "Carta para la Protección de Niños y Jóvenes", originalmente establecida por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) en 2002.
"Continuamos viendo la imposibilidad de publicar los procedimientos de presentación de informes en los distintos idiomas en los que se celebra la liturgia; mal mantenimiento de registros de verificación de antecedentes; Juntas de Revisión Diocesana disfuncionales; falta de un plan de monitoreo formal para los sacerdotes que han sido retirados del ministerio; no actualizar las políticas y procedimientos a la luz de las revisiones de la Carta de 2011", dijo.
Cesareo dijo que si bien estos problemas no están muy extendidos, "se repiten y son evidentes en el 25% al 30% de las diócesis", lo que indica una "falta de diligencia que pone en riesgo la seguridad de los niños".