La subsecretaria de Prevención del Delito del Gobierno de Chile otorgó un permiso especial para el funcionamiento, durante la pandemia de coronavirus, de comedores solidarios y ollas comunes, varios de ellos gestionados también por la Iglesia.
Los comedores solidarios y ollas comunes comenzaron a multiplicarse a partir del decreto de cuarentena en el país para evitar contagios por COVID-19. Esto hizo que muchas personas perdieran sus fuentes de trabajo y como consecuencia faltase alimento en sus hogares.
En ese contexto y para asegurar los servicios esenciales, el abastecimiento, la distribución de bienes y servicios de primera necesidad y el traslado de personas en situación de emergencia, se crearon los permisos y salvoconductos otorgados por Carabineros de Chile con regulación del tiempo y movilidad de las personas.
Sin embargo, no existía un permiso especial para el funcionamiento de comedores sociales y ollas comunes que cumplen "una labor social fundamental para contribuir con la alimentación de personas que no cuentan con medios" y que ayudan al "cumplimiento efectivo de cuarentenas al propiciar la alimentación a quienes se encuentran confinados en sus domicilios", describe en el protocolo la subsecretaría.
Por ello se ha creado el protocolo de "Permisos Solidarios para Suministro de Alimentos" que regula la labor de los voluntarios de organizaciones civiles y de la Iglesia, así como de instituciones privadas y públicas; y vecinos de los barrios carenciados.
Con el salvoconducto, los voluntarios están autorizados para retirar y entregar donaciones, realizar las compras de los alimentos comunitarios, trasladarse a las cocinas y entregar los alimentos directamente en las casas de los vecinos.