La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá responder en los próximos días si llama a Chile a aclarar su posición respecto a la celebración de los cultos religiosos en el contexto de la pandemia.
La solicitud, presentada a principios de junio por ADF Internacional, implicaría que Chile debe precisar su postura respecto a la realización de reuniones y celebraciones religiosas y poner fin a las detenciones presumiblemente ilegales hacia representantes religiosos.
A mediados de marzo, Chile decretó alerta sanitaria por el COVID-19; luego, el estado de catástrofe que otorga facultades extraordinarias a algunos estamentos para disponer de recursos e intentar controlar la situación que motivó el decreto.
De acuerdo a la Constitución, en este periodo se restringe la libertad de reunión, de desplazamiento y el derecho a la propiedad.
Estando en alerta sanitaria, y algunas regiones en cuarentena ante el progresivo aumento de los contagios, las secretarías regionales ministeriales de salud (Seremi) del Biobío, del Maule, del Ñuble y de Magallanes emitieron una resolución que prohibía las actividades religiosas, deportivas y culturales con el objetivo de evitar aglomeraciones.
Un caso que motivó la medida ocurrió en la localidad de San Pedro de la Paz, región del Biobío, donde hubo un importante brote de coronavirus desde una iglesia evangélica.