REDACCION CENTRAL,
En total, 434 organizaciones de derechos humanos y referentes políticos y culturales de 16 países se unieron en un "Manifiesto Internacional Por el Derecho a la Vida", en repudio al "Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19" de Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, que incluye el "aborto seguro legal", y la declaración conjunta de 59 países que también promueve esta práctica en medio de la pandemia del coronavirus.
La entrega del manifiesto se realizó este 2 de junio en la cancillería de Ecuador, y un día antes en las cancillerías de Costa Rica, Argentina y Perú. Además, fue acompañado con 32.230 mil firmas recogidas en una campaña organizada por la plataforma CitizenGO.
El manifiesto indica lo siguiente: "Repudiamos la Declaración Internacional Conjunta que proclama 'proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la sensibilidad de género en la crisis del COVID-19', rubricada el 6 de mayo de 2020, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina (Felipe Solá), Bolivia y funcionarios de Costa Rica, Perú, Ecuador, cuyos nombres no figuran en el documento hecho público por la diplomacia francesa".
El texto mencionado fue firmado por 39 ministros de Relaciones Exteriores en nombre del "pueblo y gobiernos de 59 naciones", y se titula "Joint statement on Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender-responsiveness in the COVID-19 crisis".
El manifiesto también rechaza el Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 presentado por el Sistema de Naciones Unidas al canciller ecuatoriano José Valencia "bajo la falsa denominación de 'ayuda humanitaria', que incluye una partida de 3 millones de dólares destinados a capacitar al personal de salud para la atención del denominado 'aborto seguro y legal,' violando la Constitución y leyes ecuatorianas".
El 30 de abril la cancillería ecuatoriana confirmó haber presentado a la ONU un presupuesto de 46.4 millones de dólares para implementar dicho plan. El asambleísta Héctor José Yépez Martínez exigió al canciller esclarecer la situación. Sin embargo, la respuesta demorada no especificó en qué se invertirán más de tres millones de dólares destinados a la "capacitación para asegurar el aborto seguro legal" en dicho país.