QUITO,
A través de un oficio enviado al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y al asambleísta provida, Héctor Yépez, la Cancillería de Ecuador respondió sobre las aplicaciones del Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 de Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, que incluye el "aborto seguro legal" y que puso en alerta al movimiento provida.
El Objetivo 2 del mencionado plan, dice en la página 22: "Sensibilizar y capacitar al personal de salud para que, en el marco de los derechos de las mujeres y adolescentes, se implemente el Paquete Inicial de Servicios Mínimos PIMS: Salud materna y complicaciones materno neonatales, acceso a anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto, prevención de ITS VIH y manejo clínico de la violencia sexual".
El 30 de abril la Cancillería ecuatoriana confirmó haber presentado a la ONU un presupuesto de 46.4 millones de dólares para implementar el plan elaborado por el Equipo Humanitario País de la ONU, y presentado por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y explicado por las agencias de esa organización.
Al tener conocimiento de esto, y teniendo en cuenta que en septiembre de 2019 la Asamblea Nacional rechazó despenalizar el aborto, el legislador Yépez exigió al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Cancillería que den explicaciones en caso de que el Gobierno haya "recibido fondos o establecido políticas públicas" sobre el Plan.
En un documento, el Canciller José Valencia respondió al oficio Nro. AN-YMHJ-2020-0016-O del 15 de mayo y aseguró que el Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 "no contradice en forma alguna la legislación nacional, pues habla del 'aborto seguro y legal', es decir el contemplado en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se encuentra en vigencia".
Según el artículo 150 del COIP, el aborto es no punible "cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o "si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental".