El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile manifestó su preocupación por el tiempo transcurrido, desde el estallido social, en el que "los clamores sociales han sido desplazados" por quienes toman las decisiones.
El 18 de octubre de 2019 se vivió un estallido social en Santiago debido a las constantes alzas en el Metro, cuya tarifa está integrada a la red de transporte metropolitano.
Los estudiantes iniciaron una evasión masiva en las estaciones del tren subterráneo y horas después, se inició una escalada de violencia que terminó en la destrucción de estaciones, la vía pública, incendios en supermercados y saqueos. La situación se replicó también en regiones. La ciudadanía ha pedido la solución de diversas demandas sociales que permitan una vida digna y una mayor equidad social a través distintas manifestaciones que se inician de una forma pacífica, pero terminan con enfrentamientos entre la policía y civiles.
En el intento de poner orden, es que la policía ha ejercido una fuerza desmedida contra los manifestantes, y viceversa; dando como resultados cientos de mutilaciones oculares y algunas muertes.
"Han transcurrido casi cinco meses y el despertar de Chile no ha sido atendido con la celeridad y efectividad que se esperaba en asuntos tan graves como la injusta distribución del ingreso, los precarios empleos, sueldos mínimos y pensiones, las urgentes necesidades de acceso a la salud, la justa valoración de la mujer en la sociedad y la protección de los grupos más vulnerables, entre otros temas".
"Percibimos que los principales clamores sociales" "han sido desplazados en las prioridades de quienes toman las decisiones en Chile", afirmaron.