SAN JOSÉ,
El 24 de febrero la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que atentaba contra la estructura y administración de las iglesias y escuelas católicas dentro del territorio insular.
La demanda "Arquidiócesis Católica Romana de San Juan Puerto Rico v. Feliciano", presentada en 2016 por tres ex empleados de escuelas católicas, pretendía que los tribunales en Puerto Rico confisquen los bienes de cualquier entidad católica para saldar las deudas en sus pensiones. La demanda se suscitó porque el fondo de pensiones de las escuelas se quedó sin dinero para pagarles.
Los litigantes insistieron en demandar no solo a las escuelas sino también a la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, que no es su empleador.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico dictaminó que las iglesias y escuelas católicas particulares no eran entidades legales independientes y, por ende, responsabilizó a la Iglesia local de ser el representante legal de cada institución.
Con esta decisión previa, el gobierno tenía la facultad de derribar puertas, romper cerraduras, ingresar a cualquier iglesia u organización católica de Puerto Rico para confiscar bienes hasta alcanzar los 4.7 millones de dólares, el monto solicitado por los demandantes.
No obstante, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió revertir dicho fallo, al ser Puerto Rico un territorio norteamericano no incorporado.