LIMA,
La Defensoría del Pueblo del Perú fue criticada tras presentar una Acción de Amparo para que el Estado reconozca, por primera vez en su historia, un supuesto derecho a la eutanasia para Ana Estrada, una mujer peruana que padece una enfermedad incurable.
En un comunicado, la entidad estatal informó que el documento legal sobre el caso de Estrada fue presentado el 7 de febrero ante la mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Walter Gutiérrez Camacho, el Defensor del Pueblo, dijo que su oficina está representando a Estrada debido a su “rol de garante y promotor de los derechos fundamentales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como es este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana”.
En declaraciones a ACI Prensa, Fabiola Morales Castillo, ex congresista y catedrática universitaria, sostuvo que la Defensoría del Pueblo es una institución estatal y “no puede desconocer la Constitución y la Ley en el Perú”.
“O la ignora o la desprecia. En ambos casos es inconcebible que lo haga. Menos pidiendo un derecho que no existe: ‘el derecho a morir’. Negando, el primer derecho que tiene el ser humano que es el ‘derecho a la vida’, sin el cual, ningún otro derecho tiene sentido. Argumentar lo contrario no es solo desconocer la ley peruana y la constitución; sino no tener sentido común. Es muy grave lo que ha hecho y es grave que los medios callen”, indicó la también Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
La eutanasia voluntaria de una persona con dolor intolerable, producto de una enfermedad incurable, es el delito de homicidio en Perú, y puede ser penalizada con hasta tres años de prisión.