Cáritas, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva Guinea (Oceanía) y las Islas Salomón alertaron que el aumento de actividades ilegales como la prostitución, el lavado de dinero y las drogas "continúan aumentando a medida que las operaciones de tráfico de personas extranjeras se convierte en algo dramáticamente normal".
La Iglesia en el país declaró que quiere colaborar con las fuerzas policiales encargadas de combatir la trata de personas. Señaló que es necesario examinar el fenómeno a través de un enfoque multidisciplinario para comprender el problema, sus causas e identificar los procesos y a las personas involucradas, pues solo así será posible dar las indicaciones adecuadas.
Por su parte, Cáritas mencionó dos recomendaciones prácticas en una nota dirigida a la agencia vaticana Fides: solicitar procedimientos judiciales rápidos para los traficantes de los diversos abusos y los que se benefician de ellos en distintos niveles; y promover una mayor cooperación a nivel nacional e internacional entre redes gubernamentales, empresas, comunidades religiosas y sociedad civil para generar una mayor conciencia y defensa sobre la trata de personas.
Un informe reciente publicado por el periódico local "Post Courier" muestra que varias multinacionales extranjeras realizan actividades no previstas en sus licencias e incluso contrarias a las leyes del país, apuntó la agencia vaticana Fides.
La Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas del Departamento de Estado de EE.UU. elabora un informe anual llamado "Trafficking in persons report", que establece un ranking de los gobiernos según sus esfuerzos para reconocer y combatir la trata de personas, dividiéndolos en cuatro niveles.
Según este informe el Gobierno de Papúa Nueva Guinea ha sido clasificado en el nivel más alto, es decir que no cumple por completo con los mínimos estándares para la eliminación de trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos al respecto.