La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), de común acuerdo con la Cancillería del Gobierno de Tabaré Vásquez, dispuso el protocolo para la consulta de archivos referentes a las personas detenidas desaparecidas en el país durante la última dictadura.
Según el gobierno existen un aproximado de 192 personas detenidas desaparecidas debido a las acciones del Estado entre 1968 y 1985, periodo que incluye la dictadura militar de 1973 y 1985.
La Iglesia en Uruguay autorizó la desclasificación de los archivos en julio de 2016. De esta forma, las gestiones posteriores quedaron en manos del Gobierno de Vásquez con la Santa Sede.
En noviembre de 2019, el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, comunicó que el estudio y clasificación de los materiales contenidos en los archivos de la Santa Sede relativos a este tema, había finalizado.
Asimismo, se realizó un estudio en los archivos de la Conferencia Episcopal del Uruguay y "aunque en dicho estudio no se encontraron datos significativos, igualmente se ha considerado importante que formen parte del material pasible de consulta", sostuvo la CEU en un comunicado el 3 de enero.
También se estableció junto con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), "un mecanismo para la consulta de archivos que tuvieran relación con uruguayos detenidos desaparecidos en el vecino país", precisó el comunicado.