¿Qué ha cambiado en la Iglesia en México frente a abusos sexuales desde Marcial Maciel?

Los Legionarios de Cristo se han visto en el centro de la controversia en los últimos meses, luego de que se hicieran públicas las denuncias contra el P. Fernando Martínez Suárez, integrante de la congregación.

Como admitieron luego los Legionarios de Cristo, el P. Martínez Suárez abusó de al menos seis niñas de entre 6 y 11 años a inicios de la década de 1990 en el Instituto Cumbres en Cancún (México), escuela de la congregación religiosa.

A pesar de que condenaron los abusos del P. Martínez Suárez, sus víctimas y la Conferencia del Episcopado Mexicano han criticado serias deficiencias en la investigación interna realizada por los Legionarios de Cristo.

Mons. Franco Coppola subrayó que "la Iglesia siempre ha considerado el abuso sexual a niños y niñas como un acto abominable, un crimen".

Sin embargo, precisó, en años recientes "ha crecido la consciencia de que no se trata solo de una caída, aunque gravísima, sino del resultado de un desequilibrio psiquiátrico profundo, que –por lo que se sabe hasta ahora- todo deja pensar que sea irreversible".

"Por esta razón, los abusadores –aunque se arrepientan y prometan no volver a caer nunca más- no pueden continuar en el ministerio sacerdotal y son dimitidos definitivamente del estado clerical", señaló.

"Si algún responsable oculta o minimiza los hechos y obtiene para su sacerdote un castigo solo temporal o una limitación parcial de su ministerio, tiene que saber que con su postura re-victimiza a las víctimas que denunciaron y será responsable delante de Dios y de los hombres de las próximas víctimas que este sacerdote provocará por no haber sido expulsado del estado clerical", añadió.

El Nuncio en México recordó que "el Papa Francisco ha emanado normas específicas para castigar el eventual encubrimiento por parte de Obispos o Superiores Religiosos".

Mons. Coppola indicó que en la última década 271 sacerdotes han sido investigados por la Iglesia en México por denuncias de abusos sexuales contra menores, mientras que 155 fueron procesados canónicamente "por otras faltas". De estos, 217 han sido expulsados del estado clerical.

El Nuncio precisó que cuando se refiere a "otras faltas" se trata de casos "que no son abusos a menores", sino que "se trata casi siempre de faltas a la promesa del celibato, haber contraído relaciones privilegiadas con otras personas, faltando al compromiso de hacer de Nuestro Señor Jesucristo el único amor de su vida".

"Las penas pueden ser varias, según la gravedad de la falta, pero si de esta relación ha nacido un hijo, la Iglesia dimite al sacerdote de su estado clerical, porque ¡él tiene el deber primario de atender a su hijo!", indicó.

Mons. Coppola destacó que las nuevas normas promulgadas por el Papa Francisco, que incluyen la eliminación del secreto pontificio para procesos de abusos sexuales de menores, "seguramente ayudarán mucho".

"El secreto pontificio, que como en todos los ordenamientos jurídicos, sirve a proteger las investigaciones y la buena fama de los involucrados, en estos casos se había vuelto una protección para los abusadores y los encubridores, y dejaba indefensos a los menores y a sus familias, que no sabían que este sacerdote era un peligro para sus hijos y que este 'responsable' era en realidad un irresponsable".

"El Papa Francisco, delante de este conflicto de derechos (la protección de la buena fama contra la protección de la vida de los menores) ha decidido que no había duda: primero, la protección de los menores. Y esto, estoy seguro, animará a otras víctimas, que habían callado por miedo o por pensar que eran las únicas, a denunciar. También en el caso del P. Martínez".

El Nuncio Apostólico en México deseó de que "ojalá que todos los países, incluido México, sigan el ejemplo del Papa cambiando sus legislaciones en dos puntos muy importantes para la erradicación de este flagelo".

El primero, dijo, es "aumentar el tiempo para la prescripción. Por ejemplo, los abusos del P. Martínez, LC, me han dicho que en México ya han prescrito y, por ende, no se pueden perseguir penalmente, mientras que el ordenamiento canónico lo permite, hasta 20 años después que la víctima alcanza la mayoría de edad".

Un segundo punto, añadió, es "poner al día sus legislaciones a propósito de la privacidad o del secreto instructorio, reconociendo la gravedad excepcional de este delito y levantando cualquier excusa de secreto en lo que a este delito se refiere".