El Centro de Bioética, Persona y Familia alertó de los principales problemas del protocolo del aborto presentado mediante resolución por el ministro de Salud del Gobierno de Alberto Fernández.
El "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" (ILE) "merece numerosas críticas por violentar derechos fundamentales del ordenamiento jurídico", explicó el Centro de Bioética, Persona y Familia.
Advirtió que el protocolo "pretende convertir en derecho" lo que sigue siendo "un delito y por tanto un acto disvalioso, pero se renuncia a su persecución penal" según el Código Penal.
El inciso 1º del artículo 86 del Código Penal, indica que el aborto no recibe condena cuando se busca "evitar un peligro de vida o salud para la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios"; tampoco, cuando "el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer considerada idiota o demente", describe el inciso 2º.
Asimismo, transforma "los casos de no punibilidad en supuestos derechos" teniendo como antecedente el fallo FAL de la Corte Suprema. Un veredicto del 2012 que sentó las bases para que una mujer pueda solicitar el aborto invocando la violación fuera de lo estipulado en el inciso 2 del Código Penal.
A continuación, se presentan algunos de los "problemas centrales" del protocolo del aborto.