La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR), expresó su indignación por la decisión del presidente Carlos Alvarado de firmar la Norma Técnica del Aborto Impune, la cual carece de parámetros definidos que delimiten el acceso a esta práctica y por tanto se convierte en una puerta abierta al aborto libre.
El 12 de diciembre el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron la norma técnica que obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los hospitales privados a implementar en un plazo de seis meses el protocolo médico elaborado por el Ministerio de Salud sobre el acceso al aborto.
Los obispos lamentaron profundamente la decisión de Alvarado, pues no tomó "en cuenta la opinión de expertos en derecho y medicina" ni al pueblo costarricense, "contraviniendo todo principio de gobierno participativo".
En un comunicado publicado este martes 17, el Episcopado señaló que la firma de la norma ignora el deber del Estado de "garantizar el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción", como reconoce la Carta Magna y el ordenamiento jurídico de Costa Rica.
La norma responde al artículo 121 del Código Penal de 1970, que se promulgó -recordaron- para "preservar la vida de la madre en caso urgentisimo o especialísimo donde se encuentre en un peligro inminente" de salud.
Sin embargo, advirtieron que la norma técnica no define el término "salud" y deja la posibilidad de que se interprete según la sugerencia de la OMS, "que la define como 'un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades'".