El Estado ecuatoriano es defensor de violadores, denuncia asambleísta

"Habíamos dicho que sería un registro confidencial. No iba a ser público. A ese registro solamente iba a tener acceso el titular de la información. Lo explico: si una persona quería trabajar como profesora o profesor en una escuela debía acudir al ministerio de gobierno para pedir el certificado de no encontrarse inhabilitado. De ese modo, quienes tienen actividades relacionadas con niñas o niños, como el dueño de una academia de fútbol por ejemplo, tenía todo el derecho de pedir a su personal que presente el certificado", explicó Cuesta.

"El proyecto se aprobó por unanimidad en la asamblea nacional. Todos los votos fueron favorables. La ciudadanía aplaudió muchísimo el proyecto de ley por los casos que se estaban dando en las instituciones educativas en Ecuador", precisó la asambleísta.

En octubre de 2017, un profesor que tenía entonces 41 años, fue detenido en Quito tras haber sido acusado de abusar de 84 menores, y en 2018 fueron 234 los maestros de escuelas los removidos de sus puestos por abusos sexuales contra niños.

En mayo de este año, el general de la policía judicial, Carlos Alulema, indicó que en Ecuador se registra un promedio de 42 denuncias diarias, más de 1200 al mes, por violación de mujeres y niños.

Lourdes Cuesta también señaló a ACI Prensa que el proyecto de ley "se basó en legislación internacional. Este tipo de leyes funcionan muy bien en otros países y logran bajar las tasas de reincidencia. Además se revisó sentencias y dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se establece claramente la diferencia entre discriminación y distinción".

"En el caso de esta ley lo que hacía era distinguir un grupo peligroso para un grupo vulnerable. En la legislación ecuatoriana, como la ley internacional, se habla siempre del interés superior del niño. ¿Por qué hablo de esto? Precisamente porque con este proyecto no se discrimina, no se atenta contra el derecho al trabajo de los sentenciados por violación ni contra el derecho a su reinserción en la sociedad", indicó.

Lo que hace el proyecto de ley, continuó la legisladora, "es limitar que los que han sido hallados culpables de violación puedan ejercer actividades cerca de niños, niñas y adolescentes. Recuperada su libertad podrían trabajar en lo que gusten, pero con niños y niñas no. Esa era la intención de la norma".

Tras señalar que en Ecuador hay una grave crisis carcelaria y que no hay suficientes psiquiatras para ayudar a los violadores en su rehabilitación, Cuesta recordó que en 2018 hubo una consulta popular en la que se preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con que una persona sentenciada por corrupción sea impedida de trabajar en el sector público.

"Los ecuatorianos dijimos no. Entonces esa norma que hoy está vigente en Ecuador también sería discriminatoria por el pasado judicial. Con esa perspectiva, esa ley estaría discriminando al corrupto al no permitirle que vaya a la gestión pública. Esas con las incoherencias que se han dado en la función pública y llama mucho la atención la escala de valores que están manejando el Gobierno", dijo Cuesta a ACI Prensa.

"A mí no me pueden decir que el cochino dinero es más importante que la vida de un niño o la vida de una niña", lamentó.

Algunas de las consecuencias prácticas del rechazo de la Corte Constitucional son que ahora, por ejemplo, "quien administra la guardería de mi hijo puede ser pederasta. Me están diciendo que quien enseña futbol a mis hijos puede ser pederasta, y están diciendo a las familias que el profesor de sus hijos pudo haber violado a otros niños porque no hay que discriminarlos porque pobrecitos los violadores", resaltó Cuesta.

Lourdes Cuesta dijo que aún queda el camino de la consulta popular, "pero también nos vamos a encontrar con una piedra de choque: Es la misma Corte Constitucional la que califica la pregunta que se quisiera realizar. Seguramente nos dirían también que es inconstitucional".

"Creo que nos resta esperar un cambio de jueces, un cambio de gobierno, que no estén alineados a las agendas progresistas de aborto y que atacan a la familia", destacó.

La Corte Constitucional está formada por los jueces Hernán Salgado Pesantes (presidente), Daniela Salazar Marín (vicepresidenta), Karla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce, Teresa Nuques Martínez, Enrique Herrería Bonnet, Agustín Modesto Grijalva Jiménez, Ramiro Ávila Santamaría y Alí Lozada Prado.

Al ser preguntada sobre si algún grupo feminista se ha pronunciado sobre la decisión de la Corte Constitucional, la asambleísta respondió: "No, claro que no, no han dicho nada porque a ellos lo que les interesa es el aborto y atacar a quienes no piensan como ellos. Si es que algo se sale de su agenda de defensa de ciertos temas, no les interesa".