A cinco días de desatarse el caos social en Chile, Obispos y congregaciones hicieron un llamado a poner fin a la violencia y solucionar esta crisis cuya raíz no es política, sino moral.
El estallido social comenzó el lunes 14 luego de que grupos de estudiantes encabezaron manifestaciones masivas en varias estaciones del Metro de Santiago, en respuesta a la convocatoria que alentó a ingresar al tren subterráneo sin pagar el pasaje que aumentó a 830 pesos chilenos (unos 1,17 dólares).
Esta acción se mantuvo durante la semana en distintos horarios, hasta que el jueves 17, algunos grupos comenzaron a destruir los torniquetes de ingreso y dañar las estaciones y la vía pública. Al día siguiente aumentó violencia y esto obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y toque de queda para intentar restablecer el orden.
Detrás del alza del precio del transporte público hay una problemática de fondo que se acentuó en los últimos años debido a una marcada desigualdad social; fruto de los compromisos sin cumplir de los distintos gobiernos, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
El aumento de la delincuencia, la dificultad para acceder a una vivienda propia, el alza en los precios de los servicios básicos, la falta de un sistema educacional equitativo, las pensiones de jubilación que bordean los 150 dólares, y el sueldo mínimo de 415 dólares que obliga a las familias a endeudarse, son algunos de los factores que afectan directamente a los chilenos.
Entre otros temas se sumó el anuncio del recorte presupuestario de la salud pública, y el recuerdo colectivo de los desfalcos millonarios de instituciones del estado como Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas y la colusión de algunos empresario en precios de bienes de consumo.