Líderes religiosos convocan a un gran pacto social en Chile

Durante el fin de semana, hubo alrededor de 1.600 detenidos por los disturbios y robos, además de once fallecidos. Las clases se suspendieron en distintas comunas. Al cierre de esta nota aún no se restablece la normalidad.

Ante los hechos de violencia, los líderes religiosos llamaron a realizar a un "gran pacto social para dialogar" y que permita "buscar soluciones para construir un país más justo y solidario".

En conferencia de prensa, ADIR llamó a los poderes del Estado, actores políticos y sociales a realizar una "autocrítica nacional", para comprender lo que está sucediendo y "trabajar unidos para que la razón prevalezca sobre el odio, para que el diálogo tenga oportunidad entre nosotros y para que trabajemos por una cultura del encuentro, que nos permita reconstruir la fraternidad y los valores que inspiran el alma de Chile".

"En esta hora triste para Chile, hacemos un ferviente llamado a la justicia y a la paz. Nos duelen los muertos y heridos que han dejado estas jornadas oscuras de nuestra historia. Nos duele que los principales afectados sean los más pobres", expresaron.

"La violencia que ha ocurrido es inaceptable y debe avergonzarnos como país. Pero no podemos soslayar que también gente de paz se ha manifestado haciendo un llamado de atención sobre las injusticias que claman una solución y un nuevo camino para Chile", agregaron. 

ADIR también alentó a pedir a Dios que "restablezca la unidad y la paz. Nos comprometemos, como religiones y tradiciones de fe presentes en Chile, a trabajar por la fraternidad para la construcción de una sociedad justa donde toda persona sea respetada", concluyeron.

Algunos de los participantes de esta declaración fueron el Administrador Apostólico de Santiago, Mons. Celestino Aós; el rabino y presidente de ADIR, Daniel Zang; el secretario ejecutivo de ADIR, Omar Cortés Gaibur; el vocero de la Mezquita, entre otros representantes.

 

 

Por qué se desató la violencia en Chile

El estallido social comenzó el lunes 14 luego de que grupos de estudiantes encabezaron manifestaciones masivas en varias estaciones del Metro de Santiago, en respuesta a la convocatoria que alentó a ingresar al tren subterráneo sin pagar el pasaje que aumentó a 830 pesos chilenos (unos 1,17 dólares). 

Esta acción se mantuvo durante la semana en distintos horarios, hasta que el jueves 17, algunos grupos comenzaron a destruir los torniquetes de ingreso y dañar las estaciones y la vía pública. Al día siguiente aumentó violencia y esto obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y toque de queda para intentar restablecer el orden.

Detrás del alza del precio del transporte público hay una problemática de fondo que se acentuó en los últimos años debido a una marcada desigualdad social; fruto de los compromisos sin cumplir de los distintos gobiernos, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

El aumento de la delincuencia, la dificultad para acceder a una vivienda propia, el alza en los precios de los servicios básicos, la falta de un sistema educacional equitativo, las pensiones de jubilación que bordean los 150 dólares, y el sueldo mínimo de 415 dólares que obliga a las familias a endeudarse, son algunos de los factores que afectan directamente a los chilenos.

Entre otros temas se sumó el anuncio del recorte presupuestario de la salud pública, y el recuerdo colectivo de los desfalcos millonarios de instituciones del estado como Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas y la colusión de algunos empresarios en precios de bienes de consumo.

Si bien se aprobó una ley para detener el alza del precio del transporte público, que puede representar hasta un 30% del ingreso de una familia, las manifestaciones en su mayoría pacíficas se mantienen en las calles a la espera de políticas públicas que permitan una vida digna para todos.