Iglesia en Filipinas rechaza llamado del presidente Duterte a reactivar pena de muerte

Rodolfo Diamante, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para el Cuidado Pastoral en Prisiones, instó a los legisladores a tomar precauciones cuando consideren una legislación que restablecería la pena de muerte.

"Les instamos a que estudien los proyectos de ley a fondo y determinen si realmente abordarán los problemas del narcotráfico y el saqueo", dijo, según CBCP News.

Diamante también instó a los legisladores a no restablecer la pena de muerte como una solución rápida, o para apaciguar a Duterte.

"Han sido elegidos por el pueblo para trabajar por su bienestar, no el del presidente. No le dé a nuestra gente una ilusión y una solución rápida a nuestros problemas. Se merecen algo mejor", dijo

La pena de muerte fue abolida en Filipinas bajo la constitución de 1987. En la década de 1990, la política sufrió diversos períodos de moratoria y reincorporación, hasta que fue abolida nuevamente bajo la presidencia de Gloria Macapagal-Arroyo en 2006, según Human Rights Watch.

La última vez que la legislación sobre la pena de muerte fue considerada por el Congreso, en el 2017, enfrentó una fuerte oposición de los parlamentarios.

Filipinas es una nación mayoritariamente católica. Aproximadamente un 86%, de los 104.9 millones de habitantes, se identifican como católicos.

En agosto de 2018, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un nuevo borrador del párrafo del catecismo sobre la pena de muerte. Al citar las palabras del Papa Francisco en un discurso del 11 de octubre de 2017, el nuevo párrafo establece, en parte, que "la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que 'la pena de muerte es inadmisible porque es un ataque a la la inviolabilidad y la dignidad de la persona', y ésta trabaja con determinación para su abolición en todo el mundo".

Las razones para cambiar la enseñanza, dice el párrafo, incluyen: la efectividad creciente de los sistemas de detención, la comprensión creciente de la dignidad inmutable de la persona y dejar abierta la posibilidad de conversión.

El P. Thomas Petri, teólogo moral de la Casa Dominica de Estudios en Washington DC, dijo a CNA -agencia en inglés del Grupo ACI- cree que en el tiempo de la revisión se "absolutiza aún más la conclusión pastoral hecha por Juan Pablo II".

"Nada en la nueva redacción del párrafo 2267 sugiere que la pena de muerte es intrínsecamente mala. De hecho, nada podría sugerir eso porque contradeciría la firme enseñanza de la Iglesia" añadió el P. Petri.

Duterte no tiene buena relación con los obispos y el clero católico de su país, los etiqueta frecuentemente e incluso pide que los maten, en gran parte porque han resistido su guerra contra las drogas, lo que ha llevado a un aumento en los asesinatos extrajudiciales desde que asumió el cargo en 2016.

El Obispo de Novaliches, Mons. Antonio Tobias, organizó una "Misa por la verdad" para activistas, antes de llevarse a cabo el discurso de Duterte del 22 de julio. El prelado, junto con otros dos obispos, fue acusado recientemente de difamación y sedición por presuntamente acusar a la familia de Duterte de tener conexiones con el tráfico ilegal de drogas, informó UCA News.

Mons. Tobias dijo que la guerra contra las drogas empeoró desde que Duterte llegó al poder en 2016, a pesar de sus promesas para anularla.

 "Después de tres años, la cantidad de consumidores de drogas aumentó y muchos murieron", dijo el obispo.