¿Un canónigo de Guadalupe quiere desalojar a una comunidad de religiosas en México?

La Arquidiócesis Primada de México indicó que al ser un caso pendiente de resolución no tiene un pronunciamiento.

Sin embargo, para el acusado de intentar desalojar a las religiosas, el P. Juan de Dios Olvera, se trata de un proceso difícil y largo en el que finalmente la justicia civil mexicana le dio la razón, y dijo que se ha visto amenazado con diversas sanciones por instancias de la Iglesia para que ceda.

El terreno y casa en disputa fueron antes propiedad de María Ángela Landa, fundadora de una comunidad de religiosas llamada "Misioneras de Jesús Evangelizador y de Santa María de Guadalupe", a quienes el P. Olvera asistió. Al fallecer, la hermana María Ángela dejó en testamento notariado todos sus bienes a tres herederos: María Alejandra Landa, su hermana; Octaviana Ruiz, integrante de su comunidad; y el sacerdote.

Según el P. Olvera, "al fallecer la Madre Ángela, meses después Octaviana Ortiz quiso ser forzadamente la Superiora, pero en elección se eligió otra, y un poco de tiempo después procedió entonces a apoderarse a la fuerza del Convento".

Así, de acuerdo al sacerdote, Ruiz habría despojado a sus ex hermanas de comunidad para fundar una nueva congregación, ahora alojada en el terreno y la casa en controversia.

"Ese inmueble ha sido siempre propiedad privada, nunca había sido habitado hasta que fue de forma ilegal e ilegítima invadido", aseguró el P. Olvera.

Al final de un proceso de cinco años, dijo, finalmente las autoridades repartieron la herencia, y a él le tocó el terreno en Santa Cruz de Juventino Rosas.

Por su parte, el P. Amézquita admitió que la comunidad religiosa no tenía una figura canónica específica al momento del proceso legal.

"En ese tiempo las hermanas no tenían votos, pero vivían como religiosas", dijo, y reiteró que el proceso judicial por el terreno "legalmente, vamos a decir, está perdido. Lo que se le dijo al Padre (Olvera) es que si esto legalmente no procedía, se le haría un juicio eclesiástico".

"En el juicio eclesiástico lo va a perder. Porque, vamos a decir, es la voz del obispo contra la de él", señaló.

Para el sacerdote de la Diócesis de Celaya, al P. Olvera no le debía corresponder nada de la herencia, "porque todo era de la comunidad religiosa".

Además, dijo que la Arquidiócesis de México le dio plazo al canónigo hasta el fin de semana previo a la Semana Santa para ceder el terreno y la casa, y si no cumple "va a recibir castigos".

"Al padre ya se le ha dicho, de parte del Cardenal (Carlos Aguiar)", aseguró.

En efecto, en la tercera de tres notificaciones firmadas por Mons. Enrique Glennie, Vicario General de la Arquidiócesis Primada de México, "por instrucciones del Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes", se le exigió al P. Olvera, entre otras cosas, que "de manera inmediata" contacte a la Diócesis de Celaya para "proponer una solución lo más justa y pacífica".

"En el caso de que no cumplas con lo requerido antes del inicio de la Semana Santa del presente año, es decir, antes del sábado 13 de abril, el Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, iniciará un procedimiento de remoción del oficio de canónigo que actualmente detentas, por una causa justa, consistente en el escándalo que se ha causado entre los fieles y autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Celaya, así como la eventual notificación a la Santa Sede de los hechos ocurridos", indicó Mons. Glennie en su carta.

En un documento previamente remitido por Mons. Glennie, al P. Olvera se le propone un modelo de texto en el que renuncia "voluntariamente" al terreno.

Para el canónigo de la Basílica de Guadalupe, las presiones que ha recibido son "terribles e injustas". Citó el canon 22 del Código de Derecho Canónico para recordar que "las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia, deben observarse en derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se disponga otra cosa en el derecho canónico".

"Sin haber cometido ningún delito ni civil ni canónico, por el hecho de no prestarme a un acto fuera de rectitud, se me amenaza con iniciarme proceso de destitución de canónigo por haber causado escándalo en aquella población, y que se me castigará con penas canónicas, que por lo regular aterrizan en quitar las licencias ministeriales y por tanto, de facto, ya no ejercer de sacerdote", dijo.

Además, señaló que "se me ha pedido que no concelebre con el Arzobispo, se me ha amenazado con que se me 'armarán expedientes', es decir que se me fabricarán acusaciones y escándalos falsos, ahora más graves y penados, que los que ya se me han hecho".

El P. Olvera advirtió que "haría responsable de todo en torno a mi seguridad a todos los que han tenido que ver con este asunto, tanto en la Diócesis de Celaya como en la Arquidiócesis de México. Desde las más altas autoridades hasta los operadores".