Caso Imelda Cortez: ¿Su liberación fue justicia o legitimación del infanticidio?

La Fiscalía General de la República de El Salvador denunció originalmente a Cortez por el delito de homicidio agravado tentado, por lo que habría enfrentado una sentencia de 20 años de cárcel.

Sin embargo, el 17 de diciembre la Fiscalía cambió la calificación de delito a "abandono y desamparo de personas", en base a su nueva "política de transversalización de la perspectiva de género en casos de mujeres víctimas-victimarias".

Con la nueva calificación, Imelda Cortez enfrentaba como máximo una pena de un año de cárcel.

De acuerdo a la prensa internacional, el juzgado que evaluó el caso determinó finalmente absolver a Cortez.

Pero para la abogada y periodista salvadoreña Lucrecia Landaverde, con esta sentencia absolutoria "el sistema judicial da licencia a mujeres violadas para matar a sus hijos".

En una publicación en su página de Facebook, Landaverde explicó que "raras veces una acción delictiva justifica a otra", y estos "extraños casos" comprenden los de "estados de necesidad y en la legítima defensa".

"El caso de Imelda no se aplica a ninguna justificante que le exima de responsabilidad penal por homicidio en grado de tentativa contra la vida de su propia hija", aseguró.

Landaverde cuestionó luego "¿qué habría pasado si la joven Imelda hubiese cometido la tentativa de homicidio en contra de la vida de su violador? Seguramente estaría pagando una condena, porque ese hecho no tendría ningún provecho para los políticos abortistas".

"No cabe duda que Imelda fue víctima de violación, pero tampoco cabe la menor duda que se convirtió en victimaria y que intentó acabar con la vida su propia hija", señaló.

"Son dos hechos aislados, la violación y la tentativa de homicidio, que en un sistema judicial garante de las libertades y derechos constitucionales tendrían que ser juzgados ambos casos por separado y los imputados responder por sus acciones delictivas", aseguró.

Por su parte, Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Sí a la Vida, criticó que el Gobierno salvadoreño "está fallando en darle una respuesta y apoyo a mujeres con embarazos en dificultades, para que puedan tener a sus hijos, cuidarlos o darlos en adopción y no busquen la violencia y la muerte como respuesta".

"En el Centro de Ayuda para la Mujer de Fundación Sí a la Vida hemos logrado salvar más de 11.000 personas del aborto, brindándole el apoyo que necesitaban a mujeres que creían que el aborto era la única solución para su embarazo en dificultad".

"No recibimos apoyo del Gobierno. Si hubiera más centros como el nuestro, se evitarían estas tragedias", aseguró.

A su turno, Sara Larín, de VIDA SV, denunció que el caso ha sido instrumentalizado por los grupos feministas que buscan "legalizar el aborto en El Salvador".

"Han mentido a los medios afirmando que se trató de un aborto y que por ello la han dejado libre. Esto es falso, ella jamás tuvo un aborto, tuvo un parto extra hospitalario y el juez, considerando las atenuantes del caso ha decidido dejarla en libertad".

"Pero desde ningún punto de vista puede considerarse aborto", reiteró.