MONTEVIDEO,
Consecuencias irreversibles y una infancia problematizada serían los efectos de la "Ley Integral para Personas Trans", advirtió una experta sobre la legislación aprobada el 19 de octubre en Uruguay y que, entre otras cosas, establece que menores de edad puedan cambiar su nombre y sexo registral y recibir tratamiento hormonal.
La llamada "Ley Trans", presentada en junio de 2017 por el Frente Amplio, establece como un derecho, entre otras medidas, las intervenciones quirúrgicas para personas transexuales y les permite cambiarse de nombre y sexo en el registro civil con la sola voluntad individual. Al binomio masculino/femenino de los formularios públicos se agregarán a las categorías "mujer o varón trans".
Además, el Estado deberá dar el 1% de las vacantes en la administración pública a esta población, mientras que las entidades privadas que les den empleo recibirán beneficios fiscales.
Asimismo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional tendrá que entregar un cupo no inferior al 1% de sus programas de capacitación a las personas trans.
En cuanto a intervenciones quirúrgicas, los prestadores de salud públicos y privados no harán cambios estéticos, pero controlarán el tratamiento hormonal y practicarán cirugías a las personas trans. Los menores de edad no podrán acceder a la operación de cambio de sexo, pero sí a tratamientos hormonales bajo la autorización de los padres. De no tener permiso, el centro de salud podría solicitar el inicio del proceso en la justicia.
Frente a esto, la doctora Patricia Bozzo, endocrinóloga y docente de la Universidad Católica del Uruguay, advirtió que "condicionar a un niño, a un adolescente, a creer que es normal y saludable sustituirse químicamente con hormonas del sexo opuesto por el resto de la vida, es abusar de su inmadurez".