REDACCION CENTRAL,
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió este jueves 22 de noviembre un comunicado en el que anima a luchar contra la corrupción y a trabajar para recomponer la clase política del país.
"La corrupción enraizada en las instituciones se hace visible con la implicación de políticos y grupos de poder a nivel local, regional y nacional, desprestigiando la institucionalidad del Estado y generando un grave daño a la sociedad. ¡Esto nunca debió ocurrir ni debió permitirse que crezca! ¿Qué está pasando en nuestro país?", señalaron los prelados en el texto titulado "Mantener viva la esperanza", presentado hoy en rueda de prensa en la sede de la CEP.
Tras señalar que esta situación ha generado indignación y rechazo entre la población, los obispos indicaron que "no se puede tolerar más convivir con la corrupción. Por ello, urge eliminar este flagelo de forma inmediata y canalizar el rechazo de la sociedad hacia el fortalecimiento reconstructivo de las instituciones".
Para ello se debe garantizar "el Estado constitucional de derecho y un sistema de justicia íntegro, honesto e independiente que imponga sanciones efectivas a los que sean penalmente responsables, en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso. La justicia es para todos y nadie debe eludir su responsabilidad frente a la ley".
Los obispos dijeron que "urge la tarea de recomponer la clase política, consolidar los poderes del Estado en su independencia y autonomía; las facultades de derecho deben tender a la educación ética de la legalidad para un cambio de la cultura jurídica existente, renunciando a sus intereses particulares, oportunistas y deben velar por una vida digna y justa para todos. No existe otro camino que el de la estabilidad y fortalecimiento democrático".
Los obispos recordaron que el 9 de diciembre los peruanos participarán en un referéndum sobre algunas reformas constitucionales que el Gobierno desea realizar, como la no reelección de congresistas, la bicameralidad (para que exista cámara de senadores y diputados), la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, y la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura.