El grupo armado responsable de la masacre sería el llamado Unidad para la paz en Centroáfrica (UPC), dirigido por Ali Darassa.
El mismo 15 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU no logró ponerse de acuerdo para extender la misión de paz en la República Centroafricana, algunos días después de que un oficial señalara que el país corre el riesgo de ingresar en una gran guerra.
Según informa el diario The Guardian, Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, advirtió que "los esfuerzos de la ONU no están funcionando y el gobierno no está llevando al país hacia la buena gobernabilidad". "Tampoco los vecinos de la República Centroafricana están jugando un papel adecuado estabilizando al país", agregó.
"La misión ni siquiera está cerca a cumplir su función de proteger a la población civil ya que estos son rutinariamente asesinados y abusados: la violencia sexual va más allá de la imaginación", agregó.
Según señalan medios locales, en los últimos ocho meses otros tres sacerdotes han sido asesinados por los grupos armados en la República Centroafricana: Desiré Angbabata, muerto en marzo; Albert Toungomalet Baba, en mayo; y Firmin Gbagoua, en junio.
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