La Arquidiócesis de San Juan (Puerto Rico) se declaró en quiebra luego de ser demandada por 184 profesores jubilados de colegios católicos que aseguran que la institución católica les debe 4.5 millones de dólares.
Los docentes jubilados reclaman los beneficios adquiridos en el "Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas". Ya que la Arquidiócesis no pagó la deuda que se les imputa, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó el embargo de los bienes arquidiocesanos.
Para evitar el embargo, el Arzobispo de San Juan, Mons. Roberto González Nieves, junto a miembros del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores del mismo, se acogieron a la Ley de Quiebras el pasado 28 de agosto.
Al ser acogido el recurso, las cuentas del Arzobispado de San Juan han sido congeladas.
La abogada de la Arquidiócesis, Carmen Conde, dijo a Associated Press que la declaración de bancarrota no busca evadir el problema sino que "fue el último recurso" utilizado para proteger a las parroquias y entidades dependientes de la Iglesia.
Aún así, Conde aseguró que la declaración de quiebra afectará a unos 75 empleados y decenas de parroquias en todo el territorio de Puerto Rico.