Este mes de abril, una delegación de obispos de El Salvador visitó Estados Unidos con el fin de abogar por una reconsideración de los recientes cambios a la política de inmigración.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) otorgado a El Salvador en 2001, después de los terremotos de enero y febrero de ese año.
Además de El Salvador, el Gobierno del presidente Trump canceló el TPS para Haití, Sudán y Nicaragua.
El TPS se otorga a los países que enfrentan un conflicto armado en curso, un desastre ambiental u "otras condiciones extraordinarias y temporales que impiden que las personas regresen a su país de forma segura".
Por lo general, los ciudadanos de países con el TPS están protegidos de ser deportados en el caso que se descubra que están en Estados Unidos como ilegales.
Si todo sigue igual, antes del 9 de septiembre de 2019 unos 200 mil salvadoreños tendrán que abandonar Estados Unidos, presumiblemente para regresar a El Salvador. Además hay aproximadamente 270 mil niños ciudadanos estadounidenses que han nacido de salvadoreños durante la última década y media.