Según la Constitución del 2006 de ese país, Kabila, quien está en el poder desde el 2001, no puede volver presentarse.
Sin embargo, Kabila decidió no renunciar a su cargo al final de su mandato, lanzarse a una nueva reelección, cambiar el calendario electoral y retrasar los comicios hasta el mes de diciembre de este año, a pesar de que las elecciones generales habían sido pactadas entre el gobierno y la oposición para fines de 2017.
El permiso para las marchas fue denegado en Kinshasa por el gobierno y la policía disparó municiones, balas de goma y gas lacrimógeno en las iglesias, para evitar que los posibles manifestantes se reunieran.
El informe de la Nunciatura, actualizado hasta el 3 de enero, sostiene que “134 parroquias fueron rodeadas y aisladas por la policía; a otras dos se les impidió el acceso a los fieles y la celebración de la Misa dominical; en cinco parroquias la Misa fue interrumpida por las fuerzas de seguridad; 18 vieron su área invadida por soldados y policías; otras 10 fueron alcanzadas por gases lacrimógenos”.
Además, “cinco personas fueron asesinadas hasta el momento, una en la iglesia de Saint Dominique, dos en la parroquia Sainte Famille y otras dos en la de Saint Alponse. Entre las personas arrestadas hay seis sacerdotes más un seminarista”.
En declaraciones a diversos medios de comunicación, el Arzobispo de Kinshasa, el Cardenal Laurent Monsengwo Pasinya, condenó enérgicamente los ataques de las fuerzas de seguridad.