Justicia confirma sentencia en caso manipulado para promover aborto en El Salvador

Según el relato de Amnistía Internacional, Hernández Cruz "fue violada, pero no lo denunció por miedo. En abril de 2016 se desmayó en su casa y fue ingresada en un hospital. Estaba embarazada y a punto de parir, aunque sin saberlo".

La organización lanzó una campaña para exigir a los legisladores salvadoreños que "garanticen el acceso al aborto en la ley y en la práctica".

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía y la sentencia de la justicia salvadoreña contradicen la versión de la organización pro-aborto.

Ya en julio de este año, la Fiscalía de El Salvador explicó que "se estableció con suficientes pruebas pericial, documental y testimonial" que Evelyn "actuó con dolo, en contra de la vida de su hijo" ya nacido.

"Incluso después de ingresar con hemorragia al Hospital 'Nuestra Señora de Fátima' de Cojutepeque, el seis de abril del año dos mil dieciséis, y de diagnosticarle un parto vaginal intradomiciliar, negó que hubiere estado embarazada. Incluso, la mamá llevó la placenta al centro hospitalario, cuando trasladó a la incriminada para que recibiera la asistencia médica".

El bebé, indicó el organismo de justicia, "fue encontrado ese mismo día, en el fondo de la fosa séptica de la vivienda de la incriminada".

El informe forense reveló que "el niño nació vivo y que falleció a causa de haber aspirado material fitógeno, que no es más que heces fecales. La pericia forense determinó que el bebé ya en el fondo de la fosa respiró y aspiró".

Al rechazar la apelación, los magistrados salvadoreños calificaron las actitudes de la joven como "insidiosas", y señalaron que al tirar a su bebé a la fosa séptica tuvo una doble intención: "Primero que perdiera la vida y segundo ocultar el cuerpo del delito".

En declaraciones a ACI Prensa, Sara Larín, de la organización provida salvadoreña VIDA SV, señaló que "el caso Evelyn evidencia dos verdades sobre el lobby pro-aborto: la primera es que se valen de homicidios de recién nacidos vivos tras un parto para mentir, haciéndolos pasar por supuestos abortos espontáneos".

La segunda verdad, dijo, es "que en El Salvador la condena máxima por abortar es de 8 años para la mujer, jamás 30 o 50 como desinforman algunos medios de la prensa internacional, alineados con la agenda del multimillonario negocio de abortar bebés acosta del sufrimiento de la mujer desamparada".

"Más allá de la trágica historia de una mujer que sufre por haber tomado la vida de su hijo en sus propias manos, los salvadoreños debemos siempre estar de lado de la justicia, en desacuerdo con la impunidad del crimen cometido contra un bebé y de acuerdo con el respeto a la leyes de nuestro país".

Larín subrayó que las leyes en El Salvador "deberían garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos, lo que implica el respeto a la vida de un niño que nació y respiró vivo como el hijo de Evelyn".

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