La movilización del 7 de septiembre comenzó en la Plaza Dagoberto Godoy, luego siguió a la cárcel y la Intendencia Regional de la Araucanía. En el camino, los participantes ingresaron violentamente a la Catedral de Temuco, dañaron parte del mobiliario y sacaron a golpes al sacristán, José Parra Aravena.
Luego Carabineros ingresó al templo para desalojar a los manifestantes. Fueron minutos de tensión y mucha violencia que dejó 16 detenidos.
La Fiscalía comprobó la participación de los imputados y dejó en prisión preventiva por desórdenes públicos, daños y lesiones graves, a Daniel Melinao Melinao; con arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a la víctima y firma mensual ante Carabineros, a Luis Llanquín Quilempan y Fidel Tranamil. Mientras que Marco Valdés Alvarez, quedó sólo con firma mensual.
El mismo día del ataque, el Obispado de Temuco emitió un comunicado donde rechazó los actos de violencia y condenó el “abusivo e inaceptable maltrato hacia uno de sus trabajadores, que vulnera su dignidad como persona y los derechos que de ella se derivan”.
Al día siguiente, el Obispo de Temuco, Mons. Héctor Vargas, presidió una Misa de reparación en la que reflexionó sobre los desafíos de la situación en Región de la Araucanía. Esta zona vive un conflicto de varios años al que aún las autoridades civiles no han respondido adecuadamente.
En la homilía expresó, frente a un templo repleto, que la situación de la Araucanía responde a los “desafíos más serios y urgentes, como son la deuda histórica con el Pueblo Mapuche, la situación dramática de las víctimas de la violencia rural y los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la región más pobre del país”.