La consulta popular
La consulta convocada por la oposición contó con el rechazo del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el régimen de Maduro, pero tuvo el apoyo de rectores universitarios que actuaron como garantes. Estos anunciaron que al 95% de las mesas escrutadas habían participado más de 7,1 millones de personas de los 19,5 millones de votantes habilitados.
Si bien esta participación fue inferior a los 7,7 millones de votantes en las elecciones de 2015 que dio a la oposición el control de la Asamblea Nacional, la consulta popular organizada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tuvo menos mesas de votación y debió enfrentar las trabas impuestas por el régimen, además de algunos episodios de violencia protagonizados por los motorizados, como se conoce a los colectivos chavistas.
Los votantes debieron contestar tres preguntas: ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?; ¿Aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional?
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Según Raúl López, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al 95% de los votos escrutados, los ciudadanos habían respondido "sí", en más del 98%.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y portavoz de la MUD, informó que en el exterior votaron unos 690.000 venezolanos.
La consulta popular se produjo a más de 100 días de protestas callejeras contra el gobierno de Maduro, cuya represión ha ocasionado más de 90 muertos, cientos de heridos y unos mil detenidos.
Sobre la legitimidad de la consulta popular, el profesor de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, José Vicente Haro, señaló que la Carta Magna venezolana prevé en su artículo 70 la consulta popular "como uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía", al igual que el referendo, la revocación de mandato, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos, entre otros.
En una columna publicada en CNN dijo que la Asamblea Nacional "tiene legitimidad política y autoridad constitucional" para haber convocado a esta consulta popular, "no obstante los ataques que ha recibido, por razones políticas, desde el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, entre otros sectores".
En ese sentido, aclaró que aunque el CNE no organizó esta consulta, esto no la hace inconstitucional, pues la Constitución solo atribuye al organismo electoral "las elecciones y los referendos" y "no hay norma constitucional que reserve exclusivamente al CNE la atribución de organizar y realizar una consulta popular convocada por otro poder público del Estado como lo ha hecho el Parlamento venezolano".