Castellanos López explica a ACI Prensa que, al extenderse la OBC por México y llegar a la capital del país, a inicios de la década de 1960, "surgió una dificultad", pues el entonces Arzobispo Primado de México, Mons. Miguel Darío Miranda, "tras escuchar críticas de quienes no comprendían esta asociación, envió una carta a los colegios católicos, advirtiéndoles que no permitieran que se formaran grupos del MURO", un movimiento universitario creado por la OBC.
"Este documento fue difundido en la prensa, sobre todo de izquierda, para poner un 'sambenito' de radical y secreta a la Organización", lamenta.
Sin embargo, cuando tocó celebrar los 20 años de existencia del MURO, el Cardenal Darío Miranda "reconoció que había estado mal informado y aceptó celebrar la Santa Misa en la iglesia de San Juan Bautista, en Coyoacán, donde permitió que se tomaran fotografías con una manta del MURO como fondo, y que fue publicada en algunos diarios de México".
Castellanos López precisa que "sus enemigos recuerdan aquella 'condena', pero silencian la reconciliación".
Por otra parte, "la presencia de esta Organización en otros ámbitos del país y la denuncia que hacían sus miembros de la infiltración marxista en ambientes católicos, llamó la atención de un Obispo, quien propuso a la Conferencia del Episcopado Mexicano una condena general. En esos momentos era presidente de la misma Mons. Octaviano Márquez y Toriz, profundo conocedor de esta organización, quien salió en su defensa y logró que la propuesta se desechara".
"Varios años más tarde, al inicio de la década de los noventa, durante la presidencia en el Episcopado Mexicano del Cardenal Adolfo Antonio Suárez Rivera, Arzobispo de Monterrey, los dirigentes de la Organización hicieron una presentación formal de la misma ante el Consejo Permanente de los obispos. Y en el 2012 se hizo una nueva presentación ante el Consejo de Presidencia", recuerda.
"Asociaciones fachada"
El dirigente de la Organización del Bien Común rechaza también la acusación de que este grupo use "asociaciones como fachada".
"Esta acusación tiene poco fundamento, ya que en las sociedades democráticas para actuar en los ámbitos cívico y político es indispensable hacerlo a través de asociaciones. Para ello, o se crea una agrupación o se participa en ella. La labor política es difícil ejercerla de otro modo", explica.
"Se trata de grupos reales, de cuerpos intermedios, que deben actuar permanentemente para lograr los fines que persiguen. A su vez, para mayor eficacia y mejor organización, estas asociaciones hacen alianzas con otras agrupaciones afines, algo muy natural en la vida política", señala.
Castellanos López destaca además que "las asociaciones creadas o promovidas por personas de la Organización del Bien Común, tienen su propia personalidad jurídica y sus fines específicos. En otros casos algunos miembros de la organización participan en obras o movimientos existentes en diversos campos".
El dirigente explica que "cuando unos u otros son el blanco de ataque por sus posiciones a favor de la vida, la familia, la libertad religiosa o el derecho de los padres a la educación de sus hijos, se les aplica la estrategia descalificadora, que consiste en convertir la palabra yunque en etiqueta de secta radical y demás calificativos, y luego aplicar esta etiqueta como estigma a personas de esas asociaciones, lo cual parece absurdo y es injusto pero funciona".
"Es imposible que haya tantos miembros en todas partes en todas las partes y en todas las causas sociales donde se afirma que participa el Yunque", indica el dirigente de la OBC.
Una "vocación y camino de santificación"
Castellanos López explica también que los miembros de la Organización del Bien Común conciben su labor cívico-política "como una verdadera vocación y camino de santificación".
Esto lleva a que les resulte "indispensable la vida en la Iglesia, la asistencia espiritual, los sacramentos y la formación en la doctrina".
"Para ello buscan que algunos religiosos y sacerdotes les conozcan y auxilien. Buscan la fidelidad en consonancia con la autonomía, al no depender de la autoridad eclesiástica".
Esta autonomía, precisa, "les permite el ejercicio libre y maduro de las responsabilidades ciudadanas de sus miembros, así como la necesaria disposición de un espacio prudencial para la gestión de cuestiones políticas opinables, y evita comprometer en ellas a la Iglesia Católica".
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