MADRID,
PSOE y PODEMOS presentaron una petición para que el Tribunal de Cuentas español incluya este año en su programa la fiscalización a la Conferencia Episcopal Española (CEE), es decir, obligar a este organismo a que publique el destino de los fondos públicos que recibe a través de la casilla que los contribuyentes pueden seleccionar al hacer la declaración de la renta.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, declaró al diario ABC que la Iglesia "cumple con creces sus obligaciones legales" en relación a informar del destino de los fondos recibidos y que "siempre estará dispuesta a cumplir con lo que se le solicite".
Además subrayó al diario que "para la Iglesia la transparencia no es una obligación sino una oportunidad de ofrecer información sobre la actividad que realiza".
Desde el año 2006 cuando comenzó el nuevo modo de financiación de la Iglesia alcanzado con el gobierno socialista, la Conferencia Episcopal elabora anualmente una memoria que se deposita en el Ministerio de Justicia y que está revisada por una auditora de prestigio internacional como es PriceWaterhouseCoopers.
Toda esa información, precisa Giménez Barriocanal, también "se encuentra disponible en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal".
En los últimos meses, como subraya el diario ABC, se han puesto en marcha varias medidas como la creación de una oficina de transparencia y control de cuentas, un plan contable de aplicación para las diócesis y parroquias, así como un programa informático de gestión diocesana y la aprobación de manuales de buenas prácticas relativos a inversiones financieras y medidas antiblanqueo de capitales.