Algunos expertos legales señalan en estos días que el gobierno de Estados Unidos tiene la oportunidad de poner fin a la "persecución" legal contra las Hermanitas de los Pobres (Little Sisters of the Poor), algo que debería aprovechar.
El 16 de mayo pasado la Corte Suprema de ese país determinó, de forma unánime, que el gobierno no puede multar a la congregación de religiosas por no ceder ante el mandato abortista de la administración del presidente Barack Obama.
"En un país dedicado a la libertad religiosa, el conflicto Iglesia-Estado a esta escala debe evitarse siempre que sea posible. Y una vez iniciado, debe cerrarse pronto y afectuosamente", declaró el abogado de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) el 9 de septiembre.
Agregó que "ahora se ha explicado, con especial claridad, cómo el gobierno puede lograr sus políticas a largo plazo sin forzar a los que tienen sinceras objeciones religiosas".
La ley de salud, aprobada en 2010, ordenó que el "cuidado preventivo" debía cubrirse en todos los planes de salud. En los reglamentos establecidos dos años después, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS) interpretó que todas las empresas e instituciones debían suministrar cobertura sanitaria a sus empleados incluyendo anticonceptivos, esterilizaciones y píldoras abortivas.
Posteriormente, el gobierno anunció un proceso para que las organizaciones sin fines de lucro opten por no seguir el mandato, pero muchos grupos –incluyendo las diócesis y las Hermanitas de los Pobres–, dijeron que el supuesto convenio todavía las forzaba a violar sus creencias religiosas. Más de 300 organizaciones denunciaron al gobierno por aquel mandato.