REDACCION CENTRAL,
En medio del proceso entre Violeta Cristina Gómez y la ONG Promsex contra el ministerio de Salud (MINSA), que exige la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, tres mujeres peruanas presentaron un recurso ante el Poder Judicial, alegando un "proceso presuntamente fraudulento", porque ambas partes en el juicio estarían de acuerdo en una sentencia condenatoria al organismo del Estado.
En 2014, Violeta Cristina Gómez, asesorada legalmente por Promsex, abrió un proceso contra el ministerio de Salud, exigiendo que el organismo del Estado distribuya de forma gratuita la píldora del día siguiente –conocida también como anticoncepción oral de emergencia, de potencial efecto abortivo– en sus instalaciones.
El 22 de agosto de este año, el juez David Suárez Burgos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, dictó una medida cautelar, a espera de una sentencia definitiva, que obligaría al ministerio de Salud a distribuir la píldora del día siguiente en un plazo de 30 días.
Esta medida contradice la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional, que prohíbe la distribución pública de la píldora, por su potencial efecto abortivo, reconocido por los fabricantes y la agencia estadounidense de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Para las tres mujeres que se presentaron ante el Poder Judicial para intervenir en el juicio entre Violeta Cristina Gómez y el ministerio de Salud, denunciante y denunciado pretenderían conseguir una sentencia favorable a la distribución de la sustancia de potencial abortivo.
En declaraciones para ACI Prensa, el abogado Juan Carlos Puertas, que representa a las tres mujeres, señaló que "es evidente que existe un proceso a todas luces irregular".