LIMA,
Los Obispos de Perú rechazaron una reciente medida cautelar del Primer Juzgado Constitucional de Lima, que permitiría al gobierno del país distribuir masivamente en las entidades públicas la píldora del día siguiente (PDS), de potencial efecto abortivo.
En un comunicado difundido el 24 de agosto, la Conferencia Episcopal Peruana precisó que a los obispos les toca el deber de salir "en defensa de quienes ni tienen voz ni están siendo defendidos, a pesar de que la Constitución los reconoce como sujetos de derechos desde su concepción".
"No nos toca como Pastores de la Iglesia analizar con profundidad los criterios jurídicos, además de científicos, por los cuales el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, aceptó una acción de amparo en favor de la PDS, pero sí nos toca evidenciar con preocupación cómo diversos intereses e ideologías en el Perú juegan contra la vida del concebido".
El 22 de agosto, en medio de un litigio entre Violeta Cristina Gómez y la ONG feminista Promsex contra el Ministerio de Salud, el Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar, dando un plazo de 30 días al gobierno para distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente en los establecimientos de salud del Estado.
Esta disposición judicial se opone a la sentencia del 2009 del Tribunal Constitucional, que prohibió al Estado distribuir la sustancia, por su potencial abortivo.
Según el diario peruano Gestión, la distribución estatal de la PDS podría mover cerca de 54 millones de soles (más de 16 millones de dólares) al año.