Obama veta ley que cortaba fondos públicos para Planned Parenthood

En una serie de videos difundidos desde mediados de 2015, el Center for Medical Progress (CMP, Centro para el Progreso Médico) reveló que PPFA negocia y vende los órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones, por montos entre los 35 y 100 dólares por "espécimen".

En uno de los reportajes de CMP, una ex trabajadora de una empresa que adquiere órganos y tejidos de Planned Parenthood reveló que en una ocasión, al interior de una clínica de la multinacional, le pidieron extraer el cerebro a un bebé cuyo corazón aún latía.

Diversas comisiones del Congreso de Estados Unidos abrieron investigaciones contra Planned Parenthood tras la aparición de los videos. En septiembre del año pasado, el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, Jason Chaffetz, presentó 10 hallazgos preliminares.

Entre sus hallazgos, Chaffetz reportó que "Planned Parenthood es autosuficiente" y no necesita de los más de 500 millones de dólares que recibe cada año de impuestos estadounidenses.

Al menos seis estados de Estados Unidos retiraron fondos públicos a la multinacional. Entre ellos Texas, Arkansas, Alabama, New Hampshire, Utah y Louisiana.

A pesar de todo esto, Obama argumentó en su veto al proyecto de ley que corta el financiamiento a Planned Parenthood que este "limitaría el acceso al cuidado de la salud de hombres, mujeres y familias en toda la Nación, e impactaría desproporcionadamente en personas de bajos ingresos".

Recientemente el Center for Medical Progress demandó al presidente de Estados Unidos que, así como lloró por las víctimas de los diversos tiroteos producidos en ese país en los últimos años, "muestre la misma indignación y compasión por los hijos que son asesinados y recolectados para sacarles partes del cuerpo en Planned Parenthood, y divididos y vendidos por todo el país como autos usados".

Claramente, no ha sido el caso.

Los líderes del Partido Republicano, detrás del proyecto de ley para cortar el financiamiento de impuestos a Planned Parenthood, anunciaron que buscarán superar el veto en una votación programada para el 22 de enero, el mismo día que se celebrará la Marcha por la Vida en Washington D.C.

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