La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los alegatos contra el mandato federal anticonceptivo y abortista de Barack Obama, presentados por numerosas organizaciones caritativas, entre ellas las religiosas de la congregación Hermanitas de los Pobres ("Little Sisters of the Poor").
En el centro de la controversia está un mandato federal anunciado por el gobierno de Obama, que exige que la mayoría de empleadores provean planes de seguro de salud para sus trabajadores, en los que se cubre anticonceptivos, esterilizaciones e incluso medicamentos que pueden ocasionar abortos tempranos.
Los empleadores que no acaten el mandato podrían enfrentar multas incapacitantes. En el caso de las Hermanitas de los Pobres, una orden religiosa que cuida de los ancianos pobres y moribundos, esto podría significar hasta 2 millones de dólares al año en multas, cerca del 40 por ciento del monto anual que piden en donaciones para sus obras.
Tras las primeras denuncias de que la norma violaba la libertad religiosa de los empleadores que, en conciencia, objetaban proveer esa cobertura, el gobierno anunció lineamientos revisados en la forma de un "ajuste" por razones religiosas.
Muchas organizaciones con vínculos religiosos –incluyendo empleadores, organizaciones sin fines de lucro, hospitales y universidades– aún objetan los lineamientos revisados. Aseguran que las normas aún los obligan a cooperar en acciones que consideran inmorales. En total, más de 300 demandantes han presentado denuncias contra el mandato de Obama.
Los abogados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos han argumentado que los lineamientos revisados aún ponen una "carga sustancial" sobre las creencias de las organizaciones religiosas sin fines de lucro y empresas de capital cerrado, porque se les exige que alcancen al gobierno "todo lo necesario" para proveer la cuestionable cobertura.