LIMA,
Más de seis mil trescientas personas han firmado -en menos de una semana- pidiendo al presidente de Perú, Ollanta Humala, que derogue el protocolo de aborto "terapéutico" aprobado por la ministra de Salud, Midori de Habich, a finales de junio de este año.
La campaña, realizada a través de la plataforma CitizenGO por los organizadores de la Marcha por la Vida, que reunió solo en Lima a más de 250 mil personas en contra del aborto en marzo de este año, advierte a Humala que "si usted se empeña en el aborto, nosotros nos empeñaremos en que nadie olvide su responsabilidad por las vidas perdidas y no descansaremos hasta que este gobierno o el que venga garanticen el derecho a la vida de los niños por nacer".
El 27 de junio, la ministra de Salud Midori de Habich, acompañada por los ministros de Justicia y de la Mujer, Daniel Figallo y Carmen Omonte, presentó el documento que abre las puertas al aborto en el país, bajo el título "Guía técnica nacional para la despenalización del procedimiento de atención integral de las gestantes en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas".
A los pocos días y en contra de la opinión de la Federación Médica Peruana, cuyo presidente aseguró que el documento "no sirve para nada" la esposa de Ollanta Humala y primera dama de Perú, Nadine Heredia, defendió el protocolo de aborto terapéutico y aseguró que "salda una deuda muy antigua y devuelve, sobre todo a las mujeres más pobres de nuestro país, usuarias de la salud pública, el derecho a decidir sobre su vida en caso de riesgo extremo".
Además de la oposición del gremio médico, el protocolo de aborto terapéutico es rechazado por la mayoría de peruanos.
Una reciente encuesta realizada por la empresa CPI por encargo de RPP, la radio más importante del Perú, reveló que el 83 por ciento de peruanos está de acuerdo con que la Iglesia y en particular el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, opine sobre educación; el 79 por ciento sobre el aborto; el 75 por ciento sobre sexualidad; y el 60 por ciento sobre la unión civil entre personas del mismo sexo.