ONU acusa a la Iglesia de "torturar" a mujeres con su enseñanza sobre el aborto

"Dado que la mayoría de las religiones del mundo sostienen perspectivas similares sobre el aborto, si el comité adoptara una posición oficial así de retorcida sería un ataque directo contra la libertad religiosa, y miraría la credibilidad del comité y su misión".

McGuire cuestionó también la parcialidad del vice-presidente del comité Claudio Grossman, citando un informe del Solidarity Center for Law and Justice, con sede en Atlanta (Estados Unidos), en el que se indicó el anterior trabajo de Grossman en apoyo de una conferencia que analizó estrategias para avanzar en los "derechos reproductivos de las mujeres", una frase que a menudo incluye el aborto.

Grossman también dio ayuda en financiamiento y supervisión a un importante defensor del reconocimiento legal de muchas relaciones personales diferentes al matrimonio tradicional.

Para McGuire, "su parcialidad al evaluar a la Santa Sede, mientras se ataca concurrentemente los puntos de vista de la Iglesia Católica es seriamente cuestionable".

Para la integrante de Catholic Voices USA, tanto Gaer como Grossman podrían estar violando las normas del comité.

"El obvio conflicto que el presidente y la vice-presidenta mantienen no solo impacta en la credibilidad y reputación de todo el comité, sino que podría crear un conflicto de interés y podría caer dentro de las propias reglas del Comité de las Naciones Unidas para la recusación".

Por su parte, el jefe de la Misión Observadora Permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas, en Ginebra, Mons. Silvano Tomasi, indicó al comité el 5 de mayo que los estados están obligados a proteger y perseguir personas en sus jurisdicciones, y son responsables por la justicia respecto a "crímenes y abusos cometidos por personas bajo su jurisdicción".

La delegación repetidamente ha enfatizado que la Santa Sede firmó la convención con la comprensión de que aplica al territorio de la Ciudad Estado del Vaticano, no a toda la Iglesia Católica.

"Obviamente, algunas personas no están de acuerdo con este manifiesto porque sienten que la autoridad de la Santa Sede se extiende a las instituciones y a las personas de toda la Iglesia Católica", dijo Mons. Tomasi el 5 de mayo a Radio Vaticano.

"Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, esto no es exacto y hay una diferencia importante que debe tenerse en mente entre una responsabilidad jurídica y una responsabilidad moral, espiritual, pastoral".

Mons. Tomasi indicó que algunas de los cuestionamientos del comité asumían que la Santa Sede es "directamente responsable" por cada sacerdote y empleado de la Iglesia en el mundo, "lo que por supuesto no es así".

Otros comités de la ONU han sido usados para examinar el manejo de la Iglesia Católica en materia de abuso de menores, y se han convertido en plataformas para atacar la enseñanza de la Iglesia.

Un informe de febrero del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Niños usó la discusión de la convención sobre los derechos de los niños para asegurar que el Vaticano "sistemáticamente" ha adoptado políticas permitiendo que sacerdotes violen y acosen niños. El comité también usó el informe para condenar la enseñanza católica sobre la homosexualidad, anticoncepción y aborto, al tiempo que solicitaron se cambie la doctrina católica al respecto.

El 2 de mayo de este año, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, P. Federico Lombardi, elogió los principios de la convención anti-tortura, al tiempo que advirtió contra la presión de ONGs con un "fuerte carácter y orientación ideológica" que están intentando influenciar tanto en el comité de la ONU y la opinión pública.