CORDOBA,
El alcalde de Córdoba (España), José Antonio Nieto (PP), ha manifestado este martes que "al margen de lo que a uno le pueda gustar o no" hay una realidad histórica y jurídica en la Mezquita-Catedral y que "se plasma" en un informe en el que trabaja el Gobierno central, que avala la titularidad de la Iglesia sobre dicho monumento Patrimonio de la Humanidad.
En una rueda de prensa hoy, Nieto se ha referido a dicho informe, que "pone de manifiesto algo que sinceramente nadie duda", aunque apunta que "otra cosa es que pueda haber personas a las que les gustaría que la realidad fuera distinta, pero la realidad es la que es, y es que la Mezquita-Catedral de Córdoba desde 1236, y con seguridad jurídica desde algunos años después, pero ya prácticamente ocho siglos, es un espacio cuya titularidad corresponde al Cabildo Catedral y la Iglesia Católica".
En este sentido, subraya que "a lo largo del tiempo ha sido atendida, cuidada y utilizada por quienes son pública y manifiestamente sus titulares", de manera que insiste en que "hay una realidad jurídica que se plasma en este documento y que traslada lo obvio".
De este modo, comenta que "ante la obviedad hay alternativas, pero no es que un gobierno o una presidenta de un gobierno manifieste o exprese su deseo o lo que a ella le gustaría", a lo que añade que "cuando uno gobierna o acata las normas y lo que de ellas se desprenden, o trata de cambiarlas".
En este caso, subraya que "hay una realidad jurídica e histórica, que es la que se refleja en el informe que se hace por parte del Gobierno de España, y hay una intención o deseo que puede tener una parte de la sociedad o algunos ciudadanos que para que se pueda producir exige cambios". Así, indica que "lo que puede hacer la Junta ante esta realidad es acatarla o utilizar la ley para cambiar la realidad, no hay otra".
En concreto, dicho informe en el que trabaja la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y que ha adelantado el diario 'ABC', aporta datos "contundentes" sobre la titularidad eclesiástica a instancias de la denuncia de un particular del pasado mes de febrero que señalaba la "posible usurpación del inmueble por parte del Obispado".