MADRID,
El Área de Medicina de Profesionales por la Ética ha analizado el Anteproyecto de Ley del aborto del Gobierno, del que entienden "no garantiza totalmente la protección de la vida humana en desarrollo", ya que consideran que la meta debería ser el "aborto cero". Asimismo, creen que, en ningún caso, debe incluirse esta práctica en la cartera común básica de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que le otorga un grado de derecho.
"El Gobierno presidido por Mariano Rajoy, al contar con mayoría suficiente en ambas cámaras, podría haber aprobado una ley que aboliera el aborto en España o suprimir la financiación pública de esta práctica. Lamentablemente, no ha adoptado estas medidas", por tanto, entiende que sobre todo se hace necesario "corregir algunas ambigüedades", así como "desarrollar medidas de ayuda efectiva a las mujeres que se encuentran en riesgo de aborto".
A su juicio, es necesario cambiar la actual regulación del aborto en España partiendo del incremento progresivo del número de abortos; o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; o el reconocimiento en el Código de Deontología Médica de que el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico.
Por otro lado, entiende que la ley vigente otorga al aborto el rango de derecho, "a pesar de que no forme parte de ningún tratado internacional", señala, y, como consecuencia, "dificulta la intervención profesional de apoyo a la embarazada". Y en este sentido, los médicos de familia "se han convertido en meros informadores del aborto".
Critican del actual Anteproyecto que se mantenga ausente la figura del padre, "a quien se discrimina en la decisión de abortar fomentando que sea la mujer la que decida en solitario"; que se confirme la financiación pública de una práctica que "en ningún caso puede considerarse sanitaria"; además de que no contempla la objeción de conciencia colectiva de una clínica o centro médico.
En este caso, recomienda establecer como único requisito para notificar la objeción de conciencia la comunicación oral al responsable del centro con el fin de salvaguardar la confidencialidad.
Además, añade, "no se establecen requisitos para garantizar la independencia" de los médicos o psiquiatras que deben acreditar mediante informe el riesgo de salud para la madre antes de realizar un aborto; y la educación afectivo-sexual se deja en manos de las administraciones sin contar con los padres ni aportar un criterio científico ni una evaluación del resultado de las campañas llevadas a cabo hasta ahora en este ámbito.
No obstante, ante el inminente cambio de la ley aconseja crear centros de "ayuda, atención y asesoramiento" en la comunidades autónomas, que impulsen la resolución efectiva de los conflictos mediante una política de ayudas sociales para la mujer; que además deriven directamente a los especialistas del SNS (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) que deben emitir los informes requeridos.
Por otro lado, recomienda la puesta en marcha de Comisiones centralizadas e interdisciplinares, que adopten la decisión final sobre admitir o negar el recurso al aborto en los supuestos despenalizados, teniendo en cuenta los certificados aportados por los dos especialistas; y un control de las clínicas donde se realizan abortos.
En cuanto a la mujer, cree necesario "concretar y pormenorizar las medidas de apoyo a la mujer embarazada, incluyendo nuevas prestaciones sociolaborales"; abordar programas específicos de ayuda a la adolescente embarazada; y facilitar la atención preferente en los centros de referencia en tratamiento intrauterino para aquellos casos que sean susceptibles del mismo.
Asimismo, aboga por promover apoyo psicoemocional y una red de ayudas específicas en colaboración con el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) ante diagnósticos de posibles minusvalías; y agilizar los trámites de adopción, para aquellas mujeres que llegando a término su embarazo, no deseen o no puedan asumir el rol propio de la maternidad.
Finalmente, recomienda unificar la información de todos los profesionales sobre el desarrollo fetal y posibles riesgos y secuelas del aborto impulsando la Protocolización de la Información, con la colaboración de los Colegios de Médicos y sus Comisiones Deontológicas.
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