CARACAS,
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exigió este viernes al Gobierno que dé una lista de las personas detenidas durante y después de la violencia contra la marcha pacífica del miércoles para así garantizar la legítima defensa de estas personas, a la vez que condenaron la participación de grupos "paramilitares" amparados muchas veces por instituciones y fuerzas pública.
"El Estado de Derecho y la Democracia son el marco institucional propicio para el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. El respeto a la Constitución, la independencia de los poderes públicos, la actuación de los funcionarios públicos con sujeción al ordenamiento jurídico y la responsabilidad por la violación de los derechos humanos, son elementos sustanciales para la existencia de una sociedad democrática", recordó el comunicado firmado por Mons. Roberto Luckert y Mons. Baltazar Porras, presidentes de la Oficina de Justicia y Paz, y de la Comisión de Pastoral Social, respectivamente.
Los obispos expresaron su dolor por "el costo humano que dejan como saldo las manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del País los días 12 y 13 de febrero, que, hasta el momento, han arrojado 3 ciudadanos muertos y aproximadamente 66 heridos y 80 detenidos".
Por ello, rechazaron "la criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho a manifestar y protestar", así como "la participación de grupos civiles armados al margen de la ley (paramilitares) con la venia muchas veces de instituciones y fuerzas pública que tienen el deber de garantizar la paz social y los derechos fundamentales".
Los obispos denunciaron que hubo un "uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza para mantener el orden público, vejando la dignidad humana" de los manifestantes, así como una "restricción de la información", generando rumores, "incertidumbre y desasosiego en la población".
En el comunicado, Mons. Luckert y Mons. Porras rechazaron "las detenciones arbitrarias, la irregularidad de la designación de un centro de reclusión que queda distante del Juez Natural y del sitio donde sucedieron los hechos", "los tratos crueles para con los detenidos que atenten con la Dignidad Humana", así como "cualquier iniciativa que tienda a la violencia y tergiverse la voluntad pacifica de los ciudadanos a expresar sus opiniones, ideas y descontentos".