MÉXICO D.F.,
Los obispos mexicanos llamaron a las autoridades a lograr una solución integral e incluyente al drama de la violencia en el país, especialmente en el estado de Michoacán, donde han recrudecido los choques entre las autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios.
"Urgimos a las autoridades a un trabajo coordinado que resuelva de manera integral e incluyente el drama de la violencia que aqueja a tantas personas y familias, a fin de que los ciudadanos puedan vivir en paz, como es su derecho", expresaron en un comunicado emitido ayer 21 de enero los miembros del Consejo Permanente del Episcopado y los obispos de 18 provincias eclesiásticas, quienes manifestaron su solidaridad a las víctimas, particularmente en Michoacán.
En el texto, reconocieron también "los grandes y valientes esfuerzos" de obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos por contribuir a la pacificación del lugar. En ese sentido, suscribieron las palabras del Obispo de Apatzingán, Michoacán, Mons. Miguel Patiño Velázquez, quien en su Carta Pastoral del 15 de enero señaló que "la gente espera una acción más eficaz del Estado en contra de los que están provocando este caos".
Pido, expresó entonces el Prelado, "a los políticos, al gobierno y al Secretario de Gobernación" que "den a los pueblos de nuestra región signos claros de que en realidad quieren parar a la máquina que asesina".
"Por nuestra parte, reiteramos el compromiso y la disposición de la Iglesia católica a seguir colaborando en la atención pastoral de las víctimas de la violencia y en la reconstrucción del tejido social, favoreciendo una cultura del respeto al estado de derecho y de la paz", manifestaron los obispos del Consejo Permanente y de las provincias eclesiásticas de Acapulco, Baja California, Bajío, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Hidalgo, México, Monterrey, Morelia, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, Tlalnepantla, Xalapa y Yucatán.
Ayer martes se registró un nuevo enfrentamiento entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios en los límites de Apatzingán y Parácuaro, Michoacán, a pesar de que el Gobierno ha desplegado unos 4.800 policías federales y 4.500 militares.