MADRID,
El Consejo de Ministros presentó este viernes el proyecto de ley para reformar la actual ley del aborto en España –aprobada en 2010 por el gobierno socialista y conocida desde entonces como Ley Aído–; y que de prosperar en el Congreso reducirá a dos las causales para acceder a esta práctica.
Durante la presentación, la vicepresidenta del Gobierno popular, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se llamará Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, enfatizó que con el aborto "la mujer nunca es culpable, sino siempre víctima"; y aseguró que este proyecto de ley establecerá sólo dos supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo. El primero "que sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer", hasta la semana 22 y el segundo "que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la integridad sexual de la mujer", es decir, que sea a causa de una violación, hasta la semana 12. La normativa suprime el supuesto que permite la interrupción del embarazo en caso de anomalía fetal grave.
El ministro de Justicia afirmó que "lo que no cabe dentro del proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina hasta en tres sentencias del Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida del 'nasciturus' de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún Derecho, con ningún interés constitucional digno de protección".
Sin embargo, la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada sí que prevé que se realice en caso "de grave peligro que produzca para la mujer un menoscabo, no irreversible pero sí importante y duradero para su salud tanto física como psíquica, y que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías, con un informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la patología correspondiente a la patología que genera el grave peligro que supone para la vida o salud de la mujer".
Otra de las novedades que incluye este proyecto de ley es que la embarazada, para acreditar ese 'grave peligro' para su salud física o psíquica, deberá presentar un informe por dos médicos que acrediten la 'necesidad' del aborto y que, según ha precisado Gallardón, "habrán de ser distintos del que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto se vaya a producir", y ha matizado que "si existe peligro vital para la mujer, en un caso de urgencia, este informe no será necesario".