SAN JOSÉ,
El abogado constitucionalista Fernando Zamora Castellanos denunció que tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaron el derecho internacional en el proceso contra Costa Rica por la prohibición en el país de la fecundación in vitro (FIV), al no inhibirse por ser partidarios del aborto.
En una columna publicada en el diario El Imparcial, Fernando Zamora Castellanos recordó que de acuerdo a sus estatutos, la CIDH "establece, de forma inobjetable, que cualquier circunstancia que afecte la imparcialidad e independencia de sus jueces para un caso, le impide el ejercicio del cargo".
Por ello, señaló, tanto el presidente de la corte, Diego García Sayán como los jueces Margarette May Macaulay y Alberto Pérez "sabían que debían inhibirse de asumir el caso contra Costa Rica en relación a la Fertilización in Vitro, y pese a ello no lo hicieron".
Esta situación "vicia de nulidad por grave violación al debido proceso" el juicio en la CIDH contra Costa Rica.
Como ejemplos, el jurista costarricense recordó que "en el año 2009 el presidente de la Corte IDH, -Diego García Sayán-, escribió, en un artículo de difusión masiva, que la despenalización del aborto en México D.F. había supuesto una mejora para las mexicanas".
"Lo tituló 'Muertes anunciadas, derecho a la vida', y fue publicado el 13 de marzo del 2009 en La República, uno de los diarios influyentes del Perú", indicó.
Además, apuntó, García Sayán escribió en la página 34 del libro "75 opiniones sobre el aborto. Un tema para hablar, una agenda para discutir", compilado por "una organización promotora del aborto a libre demanda".
Para entonces el presidente de la CIDH "declaró que estaba en contra de la prohibición del aborto", indicó el constitucionalista.
Por su parte, la jueza Margarette May Macaulay fue asesora legal del "National Advisory Group on Abortion", y el 23 de abril de 2009, señaló Zamora Castellanos, "expuso públicamente una posición favorable al aborto en la conferencia titulada 'Establishing Common Ground: A Conversation on Reforming The Law on Abortion in Jamaica' (Estableciendo un campo común: Una conversación sobre la reforma de la ley del aborto en Jamaica)".
Esto, advirtió el constitucionalista costarricense "también la inhabilitaba jurídicamente para dictar sentencia en el caso contra Costa Rica".
Durante el debate del caso de Costa Rica, recordó el abogado, "la actuación de dicha Juez rayó en lo extravagante".
"Para ello, transcribo literalmente lo que el periodista del diario costarricense La Nación, Luis Edo. Díaz, narró en su crónica del día 7 de setiembre del 2012: 'El otro punto álgido de la jornada fue cuando la jueza jamaiquina Margarette May cuestionó los razonamientos que minutos antes había dado la Procuradura Brenes de porqué no se permitía la FIV aquí'. (LN/7/9/12) De hecho, -tal y como consta en el video-, May además expresó: 'Yo espero que Costa Rica reconsidere su posición, o por lo menos que la examine'. Dos situaciones similares a esa última, las protagonizó el Presidente de la Corte".
Fernando Zamora Castellanos recordó que cuando Fernando Zegers, una de las personas que declararon contra Costa Rica, finalizó su exposición, el juez Diego García Sayán lo felicitó por su intervención "al punto de tener la audacia de calificarla como 'ilustrativa y completa'".
Esto, criticó, "¡sin que aún el tribunal hubiese siquiera deliberado, ni mucho menos emitido sentencia!".
Zamora Castellanos indicó que Alberto Pérez, otro de los jueces, "a través de la red social Facebook, dejó claro sus preferencias personales hacia grupos que militan por la despenalización del aborto en América Latina, como la 'Campaña Latinoamericana por el Derecho al Aborto'".
En el proceso contra Costa Rica se produjeron además "transgresiones procesales tales como el hecho de que nuestro Estado ofreciera como perito a la científica Dra. Maureen Condic, -una de las máximas autoridades planetarias en el tema del inicio de la vida- y la Corte se negara escucharla. Solo aceptó que se presentara un escrito de ella".
Estos tres jueces, indicó el abogado pro vida, "inclinaron la balanza en la condena y cuya jerarquía y potestades les otorgó la facultad de imponerse ante una decisión soberana de nuestro Estado".
Por estas violaciones "al derecho internacional en relación al debido proceso", el jurista exhortó al Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica a "instruir una orden de investigación formal que demuestre la nulidad de la condena contra Costa Rica".
"Confirmados los hechos, debe remitirse dicho informe a la Asamblea General de la OEA. En abril de este año la OEA votó para mantener abierta la discusión acerca de las reformas de la Corte IDH y de la Comisión IDH, por lo que las circunstancias son apropiadas", indicó.
El abogado constitucionalista señaló que "al menos, nuestra Cancillería debe realizar la investigación inicial. Hasta que ello suceda, la prudencia manda que nuestro Congreso se abstenga de discutir el tema FIV".
Se ha organizado una campaña de recolección de firmas, pidiendo a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que se investigue lo actuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la fecundación in-vitro.
Para firmar, puede ingresar a: http://citizengo.org/es/887-que-se-investigue-lo-actuado-por-corte-interamericana-ddhh-por-caso-fecundacion-vitro
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