ROMA,
El Consejo Mundial de Iglesias (WCC), pidió al gobierno pakistaní que "proteja del terrorismo a los paquistaníes cristianos y a todas las minorías religiosas". Lo afirma en una carta enviada por el Secretario General del Consejo, Olav Fykse Tveit, al primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, a raíz de los atentados que tuvieron lugar en la iglesia de Todos los Santos en Peshawar.
En el texto de la carta el WCC "condena los actos de terrorismo", expresando su solidaridad con las familias de las víctimas, prometiendo llevar a "todos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones".
Tveit comparte su gran preocupación por la inseguridad de las minorías religiosas en Pakistán, sobre todo de cara a la creciente amenaza del extremismo religioso.
Por consiguiente, el Secretario insta al gobierno de Pakistán a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables, en especial las comunidades religiosas que se enfrentan a constantes amenazas contra su vida.
El terrorismo es un flagelo que afecta a toda la nación, como lo muestran las cifras más recientes dadas a conocer por el "Centro de Investigación y Estudios de Seguridad" think-tank con sede en Islamabad, Pakistán.
La agencia vaticana Fides difundió el informe del Centro donde constatan que desde enero al 31 de agosto de 2013, fueron asesinadas en Pakistán 4.286 personas en una serie de asesinatos selectivos, ataques de militantes, ataques terroristas, bombas suicidas talibanes.
"Debido a las lagunas existentes en el estado de derecho y ante la impotencia de los tribunales, Pakistán se ha convertido en un campo de exterminio, donde los militantes, los fundamentalistas islámicos talibanes actúan con impunidad", afirma un comunicado difundido por "Asian Human Rights Commission", Ong con sede en Hong Kong.
"Para los civiles no hay dignidad -continúa la declaración- el respeto por la vida y el sentido de justicia han desaparecido, mientras que los ciudadanos paquistaníes inocentes se han convertido simplemente en carne de cañón según las intenciones.
El derecho a la vida perdió todo sentido". Según la AHRC, "es urgente intervenir en el sistema de justicia penal, pero se necesita de la voluntad política del gobierno para controlar la militancia en el país".
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