LA HABANA,
Ismael Guerra Díaz, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) en Las Tunas (Cuba), denunció que el Gobierno comunista lo ha amenazado con multarlo si techa su vivienda, aunque en realidad esto se debe "porque no le hacemos el juego" y "por estar afiliados al MCL".
"Denuncio el maltrato hacia mi familia por parte de las autoridades de la provincia de Las Tunas, ya que en este día fuimos visitados por inspectores de la Dirección Provincial de Planificación Física para ser amenazados de que se nos pondría una multa si continuábamos construyendo y poniéndole el techo a mi casa", dijo Guerra en información enviada este jueves a ACI Prensa por Manuel Robles Villamarín, joven líder del MCL.
Guerra Díaz dijo que los inspectores Jorge Silva y Yanet Sanabria de la Dirección de Planificación Física -instituto adscrito al Ministerio de Economía y Planificación-, de Las Tunas, amenazaron a su familia con multarlos con 500 ó 1500 pesos cubanos (23,95 ó 71,85 dólares), "una altísima suma para los cubanos", bajo el argumento que sus documentos no son válidos para que puedan seguir construyendo.
El salario promedio en Cuba es aproximadamente de 20 dólares, unos 400 pesos. Sin embargo, muchas personas solo ganan 225 pesos moneda nacional, que equivale unos diez dólares.
"Sé que todas estas amenazas son porque no le hacemos el juego al gobierno cubano, porque no participamos de sus actos sucios, por estar afiliados al MCL", afirmó Guerra, que denuncia esta situación desde el 10 de abril de este año.
El activista del MCL señaló que su casa "es un cuarto, en el que vivimos 5 personas, entre nosotros hay un niño, el piso de mi hogar es de tierra y tenemos un gran hacinamiento. Estamos tratando de terminar la construcción, pero estos inspectores no dejan de inquietarnos, dicen que nuestros documentos, entregados por la vivienda el 29 de diciembre del 2005 no son válidos".
Liliana de la Caridad Bajuelo, también propietaria de esta casa, denunció que el 27 de junio el Jefe de Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de nombre Santiago, con chapa número 19.943, se presentó en su casa con el mismo objetivo de Silva y Sanabria. "Han llegado a decir que estamos ilegales en esta vivienda, nos amenazan de quitarnos la casa", expresó.
"Benefician a funcionarios del Gobierno"
Asimismo, en información brindada por Robles Villamarín, vecinos de la calle E #353 entre 15 y 17 en El Vedado (La Habana), denunciaron la crisis de vivienda que enfrenta Cuba, pues su edificio "está en peligro de derrumbe y el gobierno cubano no se responsabiliza".
Los vecinos indicaron que desde 1990 han advertido del deterioro de sus viviendas a las autoridades, pero los funcionarios de la UMACT dijeron que "trabajan con un escalafón por años de personas que tienen críticas situaciones en la vivienda, y poco a poco les van asignando casas. Este escalafón comenzó a partir del año 1959 y va aún por el 1978".
Sin embargo, denunciaron que mientras ellos esperan se les de solución, el régimen ha favorecido a miembros del Gobierno. Hay "muchas ilegalidades cometidas, privilegios dados a personas por cargos que han ocupado, funcionarios que han sido beneficiados indebidamente pasando por alto nuestro problema e incluso en nuestra misma cuadra".
Dania Mora, madre de un menor con síndrome de Down, señaló que su familia y sus vecinos "nuevamente han caído en el mismo aparato burocrático". Indicó que estadísticamente en La Habana existen 53 mil núcleos familiares con problemas de vivienda pendientes a solución.
"En un sistema revolucionario donde se supone que tengamos un gobierno garante que ha nacionalizado todo para que todos tengamos los mismos derechos, esto que estamos viviendo es contradictorio", expresó.
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