El Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), Cardenal Timothy Dolan, señaló que los Obispos del país advierten que a pesar de los cambios del documento final del mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que obliga a las empresas a brindar planes de salud con tratamientos abortivos, la regulación sigue amenazando la capacidad de la Iglesia "para llevar a cabo la misión y el ministerio de Jesucristo".
El mandato de la HHS, exige que las empresas paguen en la cobertura de los planes de salud de sus trabajadores, tratamientos tales como esterilizaciones, anticonceptivos y fármacos abortivos.
Esta norma expedida en virtud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, se ha convertido en objeto de demandas al estado de más de 200 empleadores que alegan que se les obliga a violar sus creencias religiosas.
En medio de protestas en todo el país, el gobierno de Obama se ha comprometido en un proceso de varios pasos para modificar el mandato con el fin de permitir la libertad religiosa.
El primer cambio se dió a conocer el primero de febrero, permitiendo excepciones a algunas entidades religiosas pero no incluía obras de caridad, servicios sociales, y demás instituciones que están afiliadas a estas. La publicación final del mandato realizado el 28 de junio ha completado ese proceso.
Sin embargo el también Arzobispo de Nueva York, en una declaración de 3 de julio, explicó que hasta el momento no han concluido el análisis de la regulación final pero existen "algunos de los elementos básicos de esta regla que ya han entrado en el enfoque", subrayando que la Conferencia no ha descubierto ningún nuevo cambio que elimine la necesidad de seguir defendiendo nuestros derechos en el Congreso y los tribunales".
La regla final permite que algunos empleadores religiosos tengan una exención total del mandato. Para calificar, deben cumplir con los criterios establecidos en febrero que "se refieren a las iglesias, sus auxiliares integrados y convenciones o asociaciones de iglesias, así como para las actividades exclusivamente religiosos de cualquier orden religiosa ".
El gobierno ha declarado que esto cubrirá principalmente "iglesias, otros cultos y sus organizaciones afiliadas".
Grupos religiosos que no están afiliados a un culto específico, como muchos hospitales religiosos, escuelas y organizaciones de caridad, no están cubiertos por la exención. Para hacer frente a estos grupos, el gobierno está ofreciendo una "acomodación" en su lugar.
La "acomodación" definitiva requerirá a los emisores de seguros "proporcionar pagos por los servicios de anticoncepción" directamente a las mujeres que trabajan para empleadores religiosos que se oponen a proveerlos.
Si un empleador religioso es asegurado por sí mismo, un tercero actuará en el lugar de una compañía de seguros para organizar el suministro de anticonceptivos de los empleados.
El Cardenal Dolan también expresó su preocupación por el intento de la administración para crear diferentes categorías de la libertad religiosa, distinguiendo entre aquellos empleadores que reciban una exención total, las que reciben sólo la acomodación y las que se están ejecutando con fines de lucro y no reciben protección alguna.
El Arzobispo señaló que los obispos "están preocupados como pastores por la libertad de la Iglesia en su conjunto - no sólo para toda la gama de sus formas institucionales, sino también para los fieles en su vida diaria - para llevar a cabo la misión y el ministerio de Jesucristo".
El Purpurado afirmó que los obispos de Estados Unidos "seguirán examinando" los cambios en el documento de 110 páginas y tendrá más que decir sobre el mandato después de determinar si minará "la proclamación efectiva" de enseñanza de la Iglesia por parte de grupos religiosos.
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