REDACCION CENTRAL,
Las congresistas peruanas Verónika Mendoza, Rosa Mavila y Claudia Coari, con el respaldo de ONGs promotoras del aborto expresaron nuevamente su disconformidad con que en el Código del Niño y del Adolescente prevalezca el derecho a la vida desde la concepción e insistieron en su propósito de entregar anticonceptivos a menores desde los 14 años, sin el consentimiento de sus padres.
Esto lo manifestaron en una conferencia de prensa realizada el 2 de julio, junto a la "Articulación Feminista" que agrupa a las ONGs abortistas Promsex, Demus, Cladem, las autodenominadas Católicas por el Derecho a Decidir, Flora Tristán y Manuela Ramos.
Durante su presentación, la congresista Verónika Mendoza calificó de "preocupante" que en los dictámenes en mayoría de las comisiones de Justicia y de la Mujer en el Congreso "estén planteando que solamente los padres de familia podrán dar educación sexual a sus hijos, excluyendo al Estado de esta responsabilidad".
Lo dicho por Mendoza es desmentido por el propio dictamen al que la parlamentaria critica, ya que este asegura en su artículo 19 que "el Estado garantiza que la educación básica comprenda: Una educación sexual integral que favorezca el ejercicio de una sexualidad responsable y saludable".
A su vez el artículo 11 del mismo dictamen enfatiza que "el niño, la niña y el adolescente tienen derecho a acceder y disponer de información, orientación y material adecuados a su desarrollo integral. El Estado reconoce y asegura el ejercicio de este derecho tomando en cuenta la diversidad lingüística y cultural del país".
Estos dos artículos mencionados, claramente reconocen la participación del Estado y no pretende "eliminar la obligación estatal de proporcionar educación sexual a los adolescentes", tal como señalaron las parlamentarias en la nota de prensa repartida durante la conferencia.
Para el evento de las congresistas y ONGs abortistas se prestaron el Dr. Miguel Gutiérrez, en representación del Colegio Médico del Perú; el Dr. Alfredo Celis López, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología; y Hernando Clavijo, representante del abortista Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Los promotores del aborto utilizaron además a una menor de solo 15 años, de iniciales J.S., supuesta integrante de la Red Nacional de Niños, Niñas, y Adolescentes.
La congresista Mavila, quien ha promovido el aborto eugenésico, terapéutico y por violación, reconoció que "en nuestro mandato constitucional el concebido sí es sujeto de derecho para todo lo que le favorece" pero en su interpretación "este derecho es fundamentalmente en lo patrimonial y no colisiona con el derecho humano de las mujeres si es que el concebido crea riesgo para su vida".
Pero la Constitución de Perú es clara al indicar que toda persona tiene derecho "a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psi?quica y fi?sica y a su libre desarrollo y bienestar", especificando a continuación que "el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece".
Lo primero que "favorece" al concebido es su derecho "a la vida". Por esto, el aborto está tipificado como delito en el Código Penal de Perú.
A continuación, y sin mayor respaldo científico con respecto a la vida humana, Mavila intentó restringir el debate al plano religioso, asegurando que "nuestro Estado es laico, no tiene por qué adherirse a posiciones de naturalezas religiosas que pretenden limitar a la abstinencia sexual a las adolescentes. (...) La religión lo que levanta como paradigma es el paradigma de la continencia sexual que va contracorriente del desarrollo humano juvenil".
Los falsos "derechos sexuales y reproductivos" defendidos por las congresistas, que repiten el habitual discurso de las ONGs que promueven el aborto en Perú, no están amparados ni por la legislación peruana, por la Asamblea General de las Naciones Unidas ni por ningún tratado que Perú haya firmado.
Al final del evento, Rosa Mavila evitó dar declaraciones para ACI Prensa, indicando "estoy apuradísima, no, gracias".
Recientemente, Mavila acusó a ACI Prensa y al Popular Research Institute (PRI) de montar una "campaña difamatoria" contra las congresistas que han promovido la repartición de anticonceptivos a menores desde los 14 años sin el consentimiento de sus padres, pero no ha presentado hasta el momento prueba alguna que sustente su denuncia.
ACI Prensa ha intentado repetidamente contactar a Mavila en su despacho en el Congreso, pero se ha negado cualquier oportunidad de entrevistarla para que sustente su acusación, así como su postura frente al delito del aborto.
Esta agencia también ha intentado contactar a la congresista Verónika Mendoza en su despacho el 1 de julio, pero se nos indicó que tiene la agenda de todo el mes "copada", por lo que "no va a ser posible" responder a dos consultas breves sobre su promoción del aborto y de la entrega de anticonceptivos a menores desde los 14 años, sin consentimiento de sus padres o tutores.
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